Anatoli Sharii, un periodista, videobloguero y político ucranio afincado desde hace años en el municipio costero de Roda de Berà (Tarragona, España) fue arrestado el miércoles en su casa. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ejecutaron la orden de detención cursada por las autoridades de Kiev, que mantienen abierta una investigación contra él por “alta traición” e “incitación al odio”. Ucrania acusa a Sharii ―fundador de un partido político recientemente vetado― de estar al servicio de Rusia desde 2014, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Este jueves, la Audiencia Nacional ha acordado dejarle en libertad hasta que Ucrania solicite su extradición para ser juzgado en ese país.
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El titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha prohibido a Sharii que abandone España, le ha retirado el pasaporte y le ha obligado a comparecer, en el juzgado más cercano a su domicilio, dos veces al mes. Esas medidas dejarán de estar en vigor en un plazo de un mes si Kiev “no presenta formalmente la solicitud de extradición”. La Fiscalía había solicitado también su puesta en libertad provisional.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) había explicado que la detención de Sharii es el resultado de una “operación especial” y se practicó en coordinación con la oficina del fiscal general de ese país y de “socios internacionales”. El SBU acusa a Sharii de estar a sueldo de Rusia por su activismo en relación con la invasión del Donbás por parte de Rusia en 2014. La acusación también le señala por “incitación al odio interétnico” a través de los vídeos que cuelga en Youtube y que cuentan con cientos de miles de seguidores.
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Sharii abandonó hace una década Ucrania. Se sentía perseguido por haber denunciado, como periodista, casos de corrupción política. Se instaló con su mujer en Roda de Berà y creó un partido político, el partido de Sharii, muy crítico con las políticas del presidente Volodymyr Zelensky. Se mantuvo muy activo en Youtube, donde acumula más de 2,9 millones de seguidores. Según su testimonio ―recogido por este diario― desde entonces ha sido víctima, en España, de amenazas por parte de personas que él vincula a grupos neonazis ucranios. El activista presentó una denuncia penal contra los responsables de Grupo Nacional, un partido de ultraderecha surgido del Batallón de Azov, que combatió a los separatistas en el Donbás. Un juez de Tarragona mantiene abierta esa investigación con apoyo de los Mossos d’Esquadra.
La posición de Sharii en España siempre ha sido precaria porque, en paralelo, Ucrania mantenía abierta una ofensiva judicial contra él que podía desembocar en su extradición. La acusación del SBU es anterior a la invasión rusa de Ucrania y se remonta al conflicto bélico de 2014 en el Donbás. Sharii ayudó las actividades “subversivas” de Rusia publicando información falsa. Sus abogados critican que se trata de un caso de “persecución política”.
Ucrania basa sus conclusiones en entrevistas concedidas por Sharii y en videos colgados en internet. En un canal ruso, por ejemplo, el activista criticó la actuación del ejército ucranio (“no deberían llevarse patriotas”) lo que para el Estado puede “socavar la moral de la población y del ejército”. En otra intervención, recordó un episodio de la II Guerra Mundial que, a ojos de la acusación, pretende “provocar un conflicto interétnico ucranio-polaco”.
Sharii, según la acusación, “incentiva las tendencias separatistas” y “ayuda” a la estrategia de Rusia en el país. En conversación con este diario, el activista negó las acusaciones de ser prorruso. “No lo soy. No tengo contactos con Rusia”, afirmó.
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