Ahora que el Brexit es un hecho, el gobierno que lidera el conservador Boris Johnson ha revelado sus planes en torno a uno de los puntos más destacado de su programa electoral: la regulación de la inmigración.
Y son bastante claros: aquellos inmigrantes potenciales que no hablen inglés o no estén calificados para algún empleo, no obtendrán visas para ingresar y trabajar en Reino Unido.
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Esto se debe a que el nuevo proceso de asignación de visas estará basado, de acuerdo a la propuesta, en un sistema de puntos por el que hablar el idioma, tener una oferta de empleo dentro del país y demostrar una cualificación serán requisitos.
En el plan presentado por el gobierno británico se le pide a los empresarios y empleadores del país "dejar de depender" de la mano obra barata de Europa e invertir en la capacitación de su propio personal.
Además, se hace un llamado a promover la tecnología de automatización.
El Ministerio del Interior de Reino Unido, encargado de los asuntos migratorios, señaló que los ciudadanos europeos y no europeos que lleguen al país serán tratados de igual manera a partir del 1 de enero de 2021, cuando finalice el acuerdo de libre movimiento con la Unión Europea tras este año de transición post Brexit.
La ministra del Interior británica, Priti Patel, le dijo a la BBC que el gobierno quiere “promover a las personas con el talento adecuado y reducir el flujo de personas poco cualificadas que vienen a Reino Unido”.
El partido Laborista, que está en la oposición, señaló que el "ambiente hostil" del nuevo sistema migratorio hará difícil atraer trabajadores hacia el país.
El sistema de puntos
El gobierno indicó que desea implementar un proceso de inmigración basado en puntos, tal como se había anticipado en el plan de gobierno presentado en las elecciones generales que se celebraron el pasado diciembre.
De acuerdo a esto, las personas fuera del país que deseen trabajar en Reino Unido deben alcanzar 70 puntos dentro de una tabla de exigencias para que su visa sea aprobada.
Hablar inglés y tener una oferta de un trabajado calificado con un "patrocinador aprobado" dará 50 puntos en este sistema.
Los otros puntos se pueden lograr por calificaciones profesionales, por oferta de salarios y según el sector productivo.
Los trabajadores calificados deberán tener una oferta de sueldo de al menos US$32.300, cifra que puede reducirse a unos US$25.000 en algunas áreas con falta de mano de obra, como la enfermería, la psicología o la ingeniería civil.
El gobierno aclaró que no abrirá una ruta para lo que llamó “trabajadores poco calificados”, haciendo un llamado de atención a los empresarios a “adaptarse y ajustarse” al fin del libre movimiento que había entre los países de la Unión Europea y Reino Unido.
Además señaló que los 3,2 millones de ciudadanos europeos que postularon para quedarse en Reino Unido podrían ayudar a suplir la demanda de esos trabajos.
También dejaron claro que los trabajadores del Área Económica Europea (EEA, por sus siglas en inglés) tienen actualmente el derecho de vivir y trabajar en Reino Unido sin importar su salario o su nivel de calificación.
Y que esto finalizará el 31 de diciembre, cuando culminen los 11 meses de periodo de transición establecido después del Brexit.
¿Qué pasará con los niveles de salarios más bajos?
Los representantes de sectores como la agricultura, servicios de restaurantes y enfermería advirtieron que con el nuevo sistema será difícil reclutar personal para sus campos.
La Asociación de Enfermeras de Reino Unido señaló que la propuesta no permitirá "alcanzar las necesidades de cuidados médicos que requiere la población".
La presidenta del Sindicato de Granjeros, Minette Batters, expresó sus "serias preocupaciones por lo que ve como una falla al reconocer las necesidades de los agricultores británicos".
Y de la Federación de Alimentos y Bebidas también indicó su inquietud sobre la posibilidad de que panaderos, carniceros y trabajadores que hacen parte de la industria del queso y la pasta no sean aceptados dentro del nuevo sistema.
A estos señalamientos, el gobierno respondió que cuadriplicará los cupos para los trabajadores temporales a 10.000 cada año.
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Análisis
Danny Shaw, corresponsal de temas políticos de la BBC
La propuesta del gobierno de basar su proceso de inmigración en un sistema de puntos hace un balance en aumentar la inmigración cualificada y restringir los trabajadores sin calificaciones.
Las personas que quieran venir a Reino Unido desde fuera de la UE encontrarán que las reglas se están relajando, en aspectos tales como eliminar el cupo de trabajadores calificados o la caída del salario mínimo.
Pero para los inmigrantes de la Unión Europea, que están acostumbrados a moverse libremente entreReino Unido y el continente, el nuevo régimen será incómodo.
Los turistas pueden venir durante seis meses sin una visa, pero no podrán trabajar. Aquellos con calificaciones deben tener una oferta de trabajo y superar el obstáculo de los 70 puntos y no habrá permisos de trabajo para los migrantes preparados para hacer trabajos de baja categoría, o sea, en restaurantes, hoteles, residencias y plantas procesadoras de alimentos.
Hay cierta flexibilidad en la nueva estructura. Pero la pregunta es: ¿será suficiente para evitar la escasez de mano de obra y que las empresas se lleven sus negocios a otra parte?
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Beneficios sociales
Bajo el nuevo plan, todos los inmigrantes solo podrán acceder a los beneficios que otorga el gobierno -como por ejemplo para alquilar una vivienda- una vez que se les conceda el derecho a la residencia permanente, que usualmente ocurre después de cinco años de permanencia en el país.
Actualmente, los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido pueden acceder a esos beneficios si son "económicamente activos".
Los ciudadanos no europeos por lo general pueden acceder a estos beneficios después de residir cinco años en el país.
Los cambios en el proceso de inmigración deberán ser implementados mediante una ley que necesitará de la aprobación de los parlamentarios para que se haga efectiva.
Para la vocera del partido Liberal Demócrata, Christine Jardine, la propuesta está basada en la "xenofobia".
Mientras que para la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, estos planes serían devastadores para la economía escocesa.
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