El juicio de los ataques terroristas de enero de 2015 a la revista “Charlie Hebdo” en París, iniciado hace tres meses, se acerca este lunes a su fin con una última audiencia de los acusados y sus abogados en la que quedaron en evidencia las sombras de la investigación.
Ha sido un proceso difícil, mediático y turbulento, celebrado en pleno debate en Francia sobre el islamismo radical y el laicismo tras tres atentados yihadistas en suelo francés desde septiembre y marcado por una pausa de casi un mes debido al contagio por coronavirus del principal imputado, Ali Riza Polat.
Acusadas principalmente de haber participado en la logística de obtención de armas, otras trece personas son también juzgadas por complicidad en los ataques que del 7 al 9 de enero de 2015 acabaron con la vida de 17 personas.
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La Fiscalía solicitó la semana pasada penas que van desde los cinco años de cárcel hasta la cadena perpetua, señalando a los que se sentaban en el banquillo de haber sido una herramienta esencial a la comisión de los crímenes contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, una agente de policía y un supermercado judío en París.
Delphine Malapert, abogada de Nezar Mickaël Pastor Alwatik, cercano al terrorista Amedy Coulibaly y para quien la Fiscalía reclama veinte años de reclusión, rechazó el argumento del Ministerio Público.
“Sin Pastor Alwatik, el destino criminal de Coulibay habría sido el mismo”, dijo Malapert, que denunció junto a sus colegas los “vacíos abismales” de la investigación y pidió al juez que considere las pruebas y no las hipótesis.
“Al final de este juicio no podremos tener la certeza de calificar la infracción de asociación criminal y aún menos de terrorismo”, añadió la abogada, que pidió que se juzgue a su cliente por no haber denunciado a Coulibaly tras ver las armas, pero no por respaldarle en su actuación.
LA SOMBRA DE LAS ARMAS
Se sabe que Coulibaly y los otros dos terroristas, los hermanos Saïd y Chérif Kouachi, muertos tras los atentados, se hicieron con un arsenal de armas procedentes de una filial belga y otra de Lille (norte de Francia), pero los testimonios aportados no han permitido establecer el recorrido hasta que llegaron a ellos.
También la defensa de Mohamed Fares, que se enfrenta a cinco años y para quien su abogada, Safya Akorri, pidió su puesta en libertad, centró su alegato en las zonas oscuras que persisten.
Los 150 testigos que han declarado no han permitido su aclaración, y las acusaciones, a veces difusas, han sido asumidas por la propia Fiscalía, que culpa de ello a los acusados por sus “contradicciones”.
La defensa no exculpó a sus clientes, con antecedentes por delitos comunes, principalmente tráfico de estupefacientes, pero insistió en que la clasificación de terrorismo no es procedente. “Se ha considerado a estos hombres como presuntos culpables, en lugar de presuntos inocentes”, dijo Akorri.
Los once acusados presentes en la sala, pues otros tres siguen en paradero desconocido con orden de busca y captura, pudieron pronunciarse este lunes por última vez. Algunos con vehemencia pero en su mayoría cabizbajos, los que aprovecharon su turno de palabra defendieron su inocencia y se disculparon ante las familias de las víctimas.
EL PRIMERO DE UNA SERIE DE JUICIOS HISTÓRICOS
La magnitud del juicio, totalmente grabado y con más de 200 partes en la acusación civil, cuestiona también el futuro de estos gigantescos procesos.
El próximo de ellos, en septiembre de 2021 por los atentados de noviembre de 2015 en París contra la sala Bataclan y varias terrazas de la capital, ha requerido la construcción de una sala ad hoc para acoger a las 500 partes civiles.
También la parte civil ha lamentado que el actual juicio, que dictará su veredicto el miércoles, no haya servido para aclarar el mecanismo que ayudó a los terroristas a atacar.
Pero la semana pasada Charlie Hebdo reconoció en sus páginas el trabajo “colosal” de la abogada Daphnée Pugliesi y le agradeció que ofreciera una información que no había salido hasta entonces en la sala: que Coulibaly autofinanció los crímenes con el dinero de sus delitos y que los atentados le costaron 12.500 euros. Ese fue el coste de la muerte de 17 personas.
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