La Comisión Europea (CE) propuso este viernes castigar hasta con un máximo de cinco años de prisión a quienes intenten esquivar las sanciones contra Rusia acordadas a nivel europeo, con el objetivo de hacer más efectivas las medidas restrictivas impuestas por la guerra en Ucrania.
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Con ello, Bruselas quiere también facilitar la confiscación de los activos rusos congelados, “porque para ello hace falta una condena penal”, dijo el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, en rueda de prensa.
Aunque no quiso señalar a ningún país en particular, admitió que en algunos Estados miembros ciertas conductas son consideradas meras “faltas administrativas”.
Bruselas quiere además evitar lagunas y que haya jurisdicciones en la UE “más favorables que otras, donde es menos problemático eludir sanciones”, añadió el portavoz de Justicia.
Según la propuesta, será delito eludir o tratar de evitar las sanciones europeas ocultando fondos o el hecho de que una persona es el propietario final.
En el caso de las empresas, las sanciones serían de mínimo el 5 % de la facturación mundial total en el año precedente, según propone Bruselas.
“Esperamos que la propuesta sea adoptada en los próximos meses”, señaló el portavoz comunitario.
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La propuesta establece normas comunes que facilitarán la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de las infracciones de las sanciones en todos los Estados miembros por igual, acabando con las lagunas existentes.
La Unión Europea ha adoptado hasta la fecha ocho paquetes de sanciones contra Rusia (y prepara un noveno) por la invasión de Ucrania.
La aplicación de las sanciones, según el Ejecutivo comunitario, “muestra la complejidad de identificar los activos propiedad de los oligarcas, quienes los ocultan en diferentes jurisdicciones a través de elaboradas estructuras legales y financieras”.
La propuesta de Bruselas “cerrará las lagunas legales existentes y aumentará el efecto disuasorio de violar las sanciones de la UE en primer lugar”, según la Comisión.
La propuesta de Bruselas incluye una lista de infracciones penales que violan las sanciones de la UE, empezando por el hecho de poner fondos o recursos económicos a disposición de una persona, entidad u organismo designado o no congelar esos fondos.
También penaliza permitir la entrada o tránsito de personas designadas por las sanciones en el territorio de un Estado miembro.
Igualmente, la lista prevé tipificar como delito el hecho de realizar transacciones con terceros países que estén prohibidas o restringidas por las sanciones.
Se castigaría asimismo el comercio de bienes o servicios cuya importación, exportación, venta, compra, transferencia, tránsito o transporte esté prohibida o restringida.
Asimismo se incluirían las actividades financieras prohibidas o restringidas o prestar otros servicios vetados, por ejemplo de asesoría legal o consultoría tributaria.
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La propuesta será debatida ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo (países UE).
En mayo de 2022, la Comisión ya planteó añadir la violación de las medidas restrictivas de la UE a la lista de delitos de la UE.
A la vez, Bruselas ya ha propuesto normas sobre la recuperación y el decomiso de activos, que también contribuirán a la aplicación de las sanciones de la UE.
Las nuevas normas propuestas hoy están relacionadas con la normativa presentada el pasado miércoles destinada a confiscar los activos rusos que han sido congelados por las sanciones comunitarias a Rusia por su invasión de Ucrania y usarlos para invertir en la reconstrucción del país en colaboración con socios internacionales.
La Unión Europea ha congelado activos privados rusos por valor de 18.900 millones de euros como consecuencia de los diferentes paquetes de sanciones adoptados por su ataque a Ucrania, mientras que hay 300.000 millones de dólares (unos 289.000 millones de euros) de reservas del Banco Central Ruso inmovilizadas entre los países de la UE y sus socios del G7 -Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido-.
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