Además de decidir si ponen fin o alargan los 12 años de Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, Hungría votará este domingo en un referendo sobre una ley que el Gobierno impulsó como una supuesta defensa de los menores pero vinculó la homosexualidad con la pederastia.
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La aprobación de la ley provocó que la Unión Europea (UE) abriera un procedimiento de infracción contra Hungría, al considerarla homófoba, discriminatoria y contraria a los valores comunitarios.
La consulta vinculante se refiere a una ley que fue planteada inicialmente para luchar contra los abusos a menores pero a la que el Fidesz, el partido de Orbán, añadió a última hora cláusulas con la pederastia y que prohíben hablar de homosexualidad o cambio de género a los menores.
PREGUNTAS “ENGAÑOSAS”
El referendo contiene cuatro preguntas redactadas de tal forma que hace difícil que buena parte de los húngaros se opongan a la ley.
¿Apoya usted que en los centros de educación pública se realicen charlas sobre orientaciones sexuales sin el consentimiento de los padres?” y “¿apoya usted la promoción de terapias de cambio de sexo en menores de edad?”, son dos de las preguntas.
A ellas se suman otra sobre permitir la difusión “sin control” de contenidos sexuales que “puedan influir en el desarrollo de los menores” y una cuarta sobre informar en los medios de comunicación a los niños sobre el cambio de sexo.
El Consejo de Europa ha calificado las preguntas de “ambiguas y engañosas”.
En el improbable caso que la gente vote mayoritariamente con “sí” a estas preguntas, la ley seguiría en vigor pero se abriría la posibilidad de tener que aplicar todas esas opciones que el Gobierno plantea en sus preguntas.
El Gobierno, que ha pedido a los húngaros que contesten “no” a todo, asegura que sólo quiere defender a los menores de edad de lo que considera un intento de la UE de divulgar ideas sobre cambio de sexo o sexualidad en los colegios.
La consulta se celebra junto a las elecciones generales en las que Orbán afronta por primera vez en doce años la posibilidad de perder el poder.
CRECIENTE HOMOFOBIA
Las actitud de Fidesz hacia la homosexualidad se ha ido acercando en la última década a las de Rusia de Vladímir Putin, EEUU de Donald Trump o Brasil de Jair Bolsonaro.
Así lo denuncia a Efe Luca Dudits, de “Háttér”, la organización de defensa de los derechos de la comunidad LGTB+ más grande de Hungría.
“Orbán tuvo declaraciones idénticas a algunas de Putin. Como cuando aseguró que Hungría es tolerante hacia las minorías, pero que hay líneas rojas que ellos tampoco pueden cruzar”, explica Dudits, quien subraya que “esto no es una casualidad, sino es una importación intencionada” de ideas.
Orbán introdujo en 2011 en la nueva Constitución húngara la definición del matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer.
Posteriormente, vetó tanto el registro de cambio de nombres de los transexuales como la adopción de niños por parejas homosexuales.
CAMPAÑA POR EL VOTO INVÁLIDO
“Respuesta inválida a preguntas inválidas”, es el lema de una campaña de Háttér junto a Amnistía Internacional, a la que se unieron otras 12 ONG, para que los húngaros emitan votos nulos.
Dentro de esa iniciativa se han publicado carteles, fotos y vídeos -visualizados más de un millón de veces- en los que familias y personas LGTB+ hablan de cómo les afecta la ley.
“O sea, todo esto no solo es sobre la comunidad LGTB+, sino que afecta a todos y todas”, enfatiza Dudits.
SOCIEDAD ABIERTA, GOBIERNO CERRADO
En sentido opuesto al Gobierno, la sociedad húngara es cada vez más tolerante con los homosexuales y la mayoría apoya el matrimonio de personas del mismo sexo o el reconocimiento legal del cambio de género y sexo.
Así, el Gobierno parece haber creado una polémica sobre un tema sobre el que los húngaros tienen cada vez menos problemas.
Una estrategia que ha seguido en el pasado en temas como la inmigración, presentándola como una amenaza en un país que no sólo apenas recibe inmigrantes, sino que ve como muchos de sus ciudadanos se van al extranjero.
En febrero, o sea antes del inicio de la campaña por el voto inválido, el instituto Medián registró que el 41 % de la población no quiere participar en el referéndum y que el 16 % emitirá un voto inválido.
Así, el posible que no se alcance el 50 % de participación electoral, lo que invalidaría el referendo, algo que sería un simbólico varapalo al Gobierno, pero que provocaría que la ley siga en vigor.
“Podría haber un cambio positivo”, confía Dudits, quien advierte, no obstante, que si Orbán gana de nuevo las elecciones “la situación empeorará”.
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