4 claves que explican la tensión entre Chile y Bolivia por la crisis migratoria en la frontera

La situación de crisis migratoria en el norte de Chile ha provocado un enfrentamiento entre los gobiernos de Santiago y de Bolivia.

El presidente chileno, Gabriel Boric, pidió a los gobiernos de Bolivia y Venezuela que reciban a los migrantes deportados por las autoridades chilenas, en medio de nuevas medidas para reducir el ingreso irregular de migrantes, en su mayoría venezolanos, por la frontera norte de Chile.

Mira: Colombiano murió en accidente en Chile, familia pide ayuda para repatriarlo

Dos semanas después de decretar la militarización de zonas clave en la frontera que Chile comparte con Bolivia y Perú, Boric visitó esta semana la localidad altiplánica de Colchane, ubicada a dos kilómetros del territorio boliviano, y uno de los pasos más usados por los migrantes para ingresar a territorio chileno.

“Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada”, dijo Boric, que advirtió que una de las trabas que entorpece la deportación de quienes cometen delitos es que los gobiernos de Bolivia y Venezuela no reciben a las personas expulsadas.

Eso ha generado una disputa sobre todo con Bolivia, con la que Chile mantiene una tensa relación histórica.

En BBC Mundo te explicamos 4 claves para entender la fricción entre Santiago y La Paz debido al flujo de migrantes venezolanos.

Las autoridades chilenas calculan que unas 21.553 personas ingresaron a Chile el año pasado a través de Colchane, una comuna fronteriza en la norteña región de Tarapacá de 1.680 habitantes.

Además de venezolanos, las autoridades de Colchane afirman que también se ha incrementado la llegada de personas provenientes de países como Colombia, Haití y El Salvador.

Por ello, desde finales de febrero más de 600 militares están desplegados en la zona para colaborar en el control migratorio.

Entre las atribuciones de los uniformados figuran controles de identidad, registro de equipaje -si existe presunción de delito-, y en ciertas circunstancias disparos de advertencia, con el objetivo de disuadir a las personas que cruzan la frontera a través de pasos no habilitados.

Boric señaló que el objetivo de esta estrategia es “revertir la ausencia prolongada del Estado en esta zona, con más recursos y mejores herramientas”.

El gobernante chileno anunció mejoras en el complejo fronterizo de Colchane, con mayores comodidades para sus funcionarios, así como nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital “para duplicar la capacidad de detección a distancia y monitorear zonas actualmente no controladas”.

Las mejoras se extenderán a otros seis puntos de observación en las regiones de Antofagasta, así como de Arica, en el extremo norte del país y que también limita con Perú.

Según estimaciones de Javier García, alcalde de Coclchane, el país recibe al menos 400 personas indocumentadas al día por la zona fronteriza donde se encuentra el poblado, uno de los cruces más utilizados por los extranjeros para ingresar a Chile.

El mandatario chileno aseguró que una prioridad para su gobierno será agilizar diálogos con las autoridades de Bolivia y Venezuela para que reciban a las personas que sean expulsadas.

“Nuestros países vecinos, y en particular Bolivia, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, afirmó.

Boric insistió en que su gobierno lanzará una actividad diplomática “intensa” con La Paz y Caracas para que reciban a los ciudadanos deportados.

La expulsión de un ciudadano extranjero puede tener un costo de más de US$3.000, explicó recientemente el jefe del servicio local de migraciones chileno.

Sin embargo, el mandatario advirtió que no se trata sólo de un asunto de recursos.

“Es un problema que no se abra el espacio aéreo en Venezuela”, indicó. “Los trámites administrativos para poder realizar procedimientos de expulsión son muy engorrosos”.

A pesar de ello, matizó que “no se trata de que escalemos problemas, sino de que busquemos soluciones, ese es el espíritu del gobierno chileno, hay esfuerzos de diálogos”.

Boric dijo que próximamente se reunirá “con diferentes presidentes amigos de América Latina” como Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Xiomara Castro (Honduras), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia).

“Uno de los temas que vamos a tratar es justamente éste”, afirmó.

Desde su cuenta de Twitter, el canciller venezolano, Yvan Gil, descartó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro haya recibido una “solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos”.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados calcula que más de 7,1 millones de venezolanos han abandonado su país durante los últimos años “para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.

El gobierno boliviano rechazó las afirmaciones de Boric y alegó que no existe un acuerdo bilateral para la “reconducción de migrantes”.

“Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo ésta como la expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, respondió el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani.

“El procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es una normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”, agregó.

Mamani insistió en que la posición del gobierno de Arce es que “esos temas deben ser abordados con las autoridades de las nacionalidades de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos”.

El expresidente boliviano Evo Morales se sumó al rechazo del gobierno de Arce y advirtió en su cuenta de Twitter que lamentaba “la posición unilateral” de Boric “hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de EE.UU. contra Venezuela”.

Aseguró que “la llamada ‘reconducción’ con militarización y sin coordinación bilateral es forzar la expulsión con estigmatización”.

Durante su reclamo por la situación de los migrantes venezolanos, el presidente chileno recordó que Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, cuando se rompieron los últimos vínculos entre ambos países debido a la demanda boliviana de salida al mar.

El principal desacuerdo reside en el reclamo boliviano de recuperar 400 kilómetros de costa y 128.000 kilómetros cuadrados de territorio que perdió a manos de su vecino durante la Guerra del Pacífico.

La actual delimitación territorial fue fijada en un tratado firmado en 1904, en el que se afirmaba que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar.

Sin embargo, en el documento se le otorga a Bolivia a perpetuidad un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno y por los puertos del Pacífico.

Chile insiste en que, gracias a ese tratado, Bolivia tiene acceso libre de impuestos al puerto chileno de Arica, en el norte del país. También recuerda que pagó y construyó un ferrocarril que enlaza Arica con La Paz.

Por ello, las autoridades chilenas rechazan la idea de que su postura afecte el desarrollo económico de su vecino.

Bolivia, sin embargo, considera que el acuerdo de 1904 es profundamente injusto e insolidario, y exige conseguir como mínimo un corredor que se extienda desde su frontera con Chile hasta el Pacífico, donde pueda desarrollar la actividad industrial y comercial bajo su bandera.