“Uruguay ha sido históricamente un país laico”. Esa frase da inicio al libro “El proceso de despenalización del aborto en Uruguay” del Ministerio de Salud Pública, y esboza la que podría ser la razón principal para que existan leyes de esa naturaleza. En países como Argentina -cuyos parlamentarios debaten hoy sí se aprueba una ley semejante-, el secularismo estatal todavía sigue pendiente.
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Aun así, para conseguir que las mujeres sean libres para decidir qué hacer con sus cuerpos al respecto del embarazo, fue necesario esperar más de 70 años.
Según el artículo “El proceso político del aborto legal en Uruguay” -que se ubica en el libro “Salud, sexualidades y derechos” de los compiladores Paula Lehner, Alejandro Capriati y Juan Pedro Alonso- el Código Penal uruguayo criminalizó el aborto desde 1898.
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La investigación anota:
“En un breve interregno entre 1934 y 1938, se despenaliza el aborto por razones higienistas. Luego de 1938, el aborto volverá a ser ilegal hasta el año 2012”.
Habían, sí, algunos paréntesis. La Ley 9763 admitía que el aborto podía ser eximido de ser pena en ciertos casos: “cuando el embarazo era producto de una violación, por el honor de la familia, por angustia económica o por riesgo de la vida de la mujer”.
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Fue con el regreso a la democracia, en 1985, que los grupos más progresistas como el Frente Amplio, empezaron a poner el tema en la agenda pública. Fue, por supuesto, el trabajo en conjunto con organizaciones de mujeres que, en el 2012, se admitió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Desde entonces, la gestación puede ser interrumpida hasta las doce semanas.
Los opositores a la IVE consiguieron que, en el 2013, se hiciera un referéndum con el objetivo de “someter a la ley a un plebiscito”. El Ministerio de Salud uruguayo recuerda que la campaña pública se basó en la defensa de la vida.
Los derogadores, sin embargo, no consiguieron los votos. Para los ciudadanos, la ley era legítima.
EL SUSTENTO CLÍNICO
Como en otras partes del mundo en las que todavía es ilegal, el aborto realizado en condiciones precarias pone en peligro la vida de la madre. Entre 1992 y el 2001, recuerda el Ministerio de Salud, se trató de la primera causa de muerte materna (que es cuando se fallece en el proceso del embarazo, parto o puerperio).
Se trataba de un problema de salud pública, que derivó en la creación de la asociación de profesionales Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo (IS).
Más tarde, el IS presentaría un plan a la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y al Sindicato Médico de Uruguay. Todas esas instituciones se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar
Al respecto, el Ministerio de Salud recuerda:
“Comenzó a funcionar en este marco la Policlínica de Asesoramiento […], a cargo de profesionales […], quienes asesoraban a las mujeres que consultaban por embarazo no deseado para disminuir los riesgos de un aborto inseguro”.
Y agrega:
“El modelo se basa no solo en el derecho a la salud, sino también en el derecho de todas las personas a recibir información calificada en el marco del secreto profesional. En los casos que acudían a la policlínica se hacía una consulta de orientación pre interrupción del embarazo y otra pos interrupción, pero debía ser la propia mujer la que procurara acceder, de forma clandestina, al misoprostol”.
En el 2004, el Ministerio de Salud legitimó la estrategia y se empezó a implementar en el país. Tres años después, el plan fue reconocido con “el Premio Nacional de Medicina, otorgado por la Academia Nacional de Medicina, lo cual impactó positivamente en el colectivo académico profesional”.
ALGUNOS INCONVENIENTES
Si bien Uruguay se destaca dentro de la región por haber creado consciencia sobre la necesidad del acceso al aborto en condiciones dignas, la IVE también ha generado polémica.
En un artículo de la BBC, se expuso el testimonio de una mujer de 27 años que se sometía al procedimiento legal de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite abortar por decisión propia en las primeras doce semanas gestación.
Lo que siguió fue comparecer frente una “comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y un profesional de la salud mental”.
“Tras esa cita y cinco días de ‘reflexión’, la embarazada decide si va a abortar. La gran mayoría opta por hacerlo porque ya tiene la decisión tomada de antemano”, le contó a la BBC una doctora de los hospitales especializados.
Pero para muchas personas, la IVE es “una norma mucho más restrictiva de la que en 2008 aprobaron diputados y senadores y fue rechazada solo porque el entonces presidente, el izquierdista del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se negó a promulgarla”.
“El País” recoge una declaración del grupo feminista uruguayo Mujer y Salud:
“Esta ley es una ley de mínimos, no es la que nosotras hubiéramos deseado. Lo que prevé es que cuando una mujer quiere interrumpir de forma voluntaria su embarazo tiene que comparecer ante un tribunal [...] Y explicitar los motivos por los cuales quiere interrumpir su embarazo. Después de eso la mandan a reflexionar cinco días, tras los que tiene que volver a comparecer para ver qué decisión tomó sobre ello”.
Y ello genera un problema. La declaración agrega:
“No están conformados los equipos como para que esto se pueda cumplir en los plazos determinados. La ley establece que es hasta las doce semanas de gestación. ¿Qué quiere decir eso? Que si una mujer no acude inmediatamente, como suele suceder, que detecta que está con un embarazo, tiene que ir primero al médico, luego comparecer ante un tribunal, luego cinco días para reflexionar… El plazo empieza a correr y ¿quién te garantiza que esos servicios estén ya establecidos como para que una cosa que hay que solucionar en plazos muy perentorios se pueda llevar a cabo?”
Hay que tener en cuenta, además, que cerca del 30% de ginecólogos declararon una “objeción de conciencia” para no tener que practicar abortos. Esto dificulta la masificación del procedimiento.
Aunque es verdad que terminar el embarazo hay que sortear cierta burocracia, lo cierto es que el Estado apoya a las mujeres que desean hacerlo, les abren las puertas de cualquier centro público o privado y aseguran las mejores condiciones sanitarias.
Al respecto, valdría mencionar un dato: hasta el 2017, anualmente 10 mil mujeres se adherían al IVE, colocando a Uruguay como el segundo “con menor mortalidad materna en América”, tras Canadá.
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Nueva batalla parlamentaria en Argentina por legalización del aborto. (AFP).
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