La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) denunció este sábado que los talibanes han ocupado sus oficinas e impiden la reanudación con normalidad de las labores de este organismo, clave en el actual contexto afgano.
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“Los talibanes no solo ocuparon todas las oficinas y edificios de la AIHRC, sino que continúan utilizando estas oficinas para sus reuniones, al tiempo que también hacen uso de sus activos como automóviles y ordenadores”, aseguró el organismo en un comunicado.
La AIHRC pidió a los islamistas que “respeten la independencia” de la institución, y aunque aclararon que por ahora los talibanes no han “disuelto” el organismo, no han podido reanudar sus labores desde la caída del anterior Gobierno afgano el pasado 15 de agosto.
Teniendo en cuenta la indiferencia de los radicales islámicos hacia los derechos humanos en el pasado, incluidos los ataques a activistas, el organismo “tiene poca confianza en que un gobierno talibán respete el mandato y la independencia de la AIHRC”, señaló.
En el último mes varios empleados de la comisión ya han huido del país, mientras que los que permanecen en Afganistán están “preocupados por su seguridad”, alertó a Efe un alto cargo de la comisión, que pidió el anonimato.
PERSONAL FEMENINO BAJO AMENAZA
Dadas las restricciones impuestas por los talibanes al trabajo femenino o a la presencia pública de la mujer, el organismo teme que los islamistas no permitan a sus empleadas desempeñar sus funciones, algo “inaceptable”.
“Si la comisión no puede proteger los derechos de su personal femenino, entonces no puede proteger los derechos de otros ciudadanos de Afganistán”, señaló la comisión.
A la AIHRC le preocupa que no pueda llevar a cabo sus funciones, sobre todo en un momento en el que se denuncian continuas violaciones de los derechos humanos en el país, en especial los relacionados con la mujer o con las regiones de Panjshir y Kandahar.
Panjshir fue la última de las 34 provincias afganas en caer bajo control talibán, y durante esos combates se denunciaron matanzas de civiles o destrucción de viviendas; mientras que en la meridional Kandahar, bastión de los islamistas, los abusos llegan en forma de venganzas contra gente vinculada al antiguo gobierno o de desalojos masivos de algunos barrios para dejar sitio a los insurgentes.
La incapacidad de la AIHRC por cumplir con sus deberes y las restricciones de los talibanes a la libertad de expresión, “han llevado a una drástica reducción de la capacidad de los afganos de monitorear graves violaciones de los derechos humanos”, subrayó.
AIHRC, explica, es un organismo independiente en consonancia con el mandato de Naciones Unidas de “proteger y vigilar los derechos humanos en Afganistán”.
Aunque valoró la labor en el país de la misión de la ONU para Afganistán (UNAMA) o de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la AIHRC remarcó que Naciones Unidas debe “establecer un mecanismo independiente para monitorear las violaciones de derechos humanos en Afganistán”.
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