Una niña de 12 años que resultó embarazada por una violación en Bolivia fue sometida a un procedimiento de interrupción de la gestación que está permitido por las normas nacionales en caso de abuso sexual.
El caso se presentó en la región andina de Potosí, donde a la menor se le negó inicialmente la posibilidad de someterse a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), informó este lunes la Defensoría del Pueblo en un comunicado de prensa.
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La niña estuvo internada en el hospital potosino Daniel Bracamonte los pasados 7 y 8 de diciembre, pero los médicos de ese centro de salud alegaron una “objeción de conciencia” y también hubo un “abordaje psicológico irregular” y fuera del procedimiento que dispone la ILE, señaló la delegada Defensorial de Potosí, Vilma Martínez, citada en la nota.
La Defensoría recordó que existe una sentencia constitucional de 2014 que permite la interrupción legal de un embarazo en caso de violación, incesto o estupro, “cuando el producto del embrazo no tenga posibilidad de vida y cuando la vida de la madre esté en riesgo”.
El citado fallo permite interrumpir la gestación en estos casos sin contar con una orden judicial, como se exigía antes.
Al conocer que la solicitud de ILE fue negada, la entidad pidió colaboración a la Defensoría de la Niñez de Potosí para un abordaje psicológico con profesionales del área, explicó Martínez.
Finalmente el pasado 24 de diciembre se procedió con la ILE y la menor se encuentra en etapa de recuperación, indicó la Defensoría del Pueblo.
Se inició una investigación a los profesionales de salud del Hospital Bracamonte por “vulnerar el derecho de una niña a la que se le negó la ILE”, señaló la Defensoría.
También se investiga a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad potosina de Ckochas por “permitir que un médico realice el abordaje psicológico a los padres de la víctima” y al Centro de Acogida 10 de Noviembre por incumplir lo que dispone la ILE, agregó la entidad.
Además se verificarán las acciones del Ministerio Público para identificar al sujeto que abusó de la menor y otras personas que pudieran estar involucradas en este suceso por el que hasta el momento no hay personas detenidas, denunció la Defensoría.
En octubre pasado se conoció un caso similar en la región oriental de Santa Cruz, donde una niña de 11 años embarazada por las constantes violaciones de su abuelastro fue sometida a una interrupción de la gestación.
Este caso tomó especial relevancia cuando grupos religiosos contactaron a la madre de la menor, la convencieron de que continúe la gestación y la llevaron a un centro de acogida para ello, pero finalmente las autoridades y la Defensoría del Pueblo intervinieron y el embarazo fue interrumpido.
A raíz de estos casos, organizaciones feministas reclaman que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres.
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