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Veinte años después de los ataques del 11-S, las torturas de la CIA siguen clasificadas como “alto secreto” en Estados Unidos, la cárcel de Guantánamo permanece abierta y algunos de sus antiguos presos han vuelto al poder en Afganistán con el regreso de los talibanes.
Veinte años después de los ataques del 11-S, las torturas de la CIA siguen clasificadas como “alto secreto” en Estados Unidos, la cárcel de Guantánamo permanece abierta y algunos de sus antiguos presos han vuelto al poder en Afganistán con el regreso de los talibanes.
A falta de un relato oficial sobre uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, Efe ha conversado con algunos de sus protagonistas: una senadora que arriesgó su carrera para investigar a la CIA, un exagente del FBI que se opuso a las torturas y una abogada que defendió presos en Guantánamo.
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La senadora demócrata Diane Feinstein fue la principal impulsora de un informe de 6.700 páginas que hasta la fecha supone la mejor fuente de información sobre las cárceles clandestinas de la CIA y los abusos que se cometieron contra supuestos miembros de Al Qaeda bajo el Gobierno de George W. Bush (2001-2009).
“El programa de torturas de la CIA fue un error terrible. No solo contradecía nuestros valores, sino que no sirvió para lograr información valiosa de inteligencia”, dijo Feinstein a Efe.
SECRETOS ESCONDIDOS EN CAJAS FUERTES
La senadora logró que en 2014 se hiciera público un resumen de 525 páginas, pero la versión íntegra permanece clasificada.
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El informe fue grabado en unos discos, que a continuación fueron metidos en sobres con la frase “alto secreto” y guardados en cajas fuertes de la CIA, el Pentágono y los Departamentos de Estado y de Justicia, donde siguen hasta ahora a la espera de un presidente los desclasifique.
Nada más llegar a la Casa Blanca, Barack Obama (2009-2017) prohibió el programa de torturas, pero rechazó hacer público el informe por miedo a que avivara la ira contra EE.UU. en muchas partes del mundo.
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Pese a los riesgos, Feinstein cree que EE.UU. debe hacer examen de conciencia para evitar que las torturas se repitan: “Sigo creyendo que el informe completo de 6.700 páginas debería ser desclasificado y creo que un día lo será. Es una lección crítica que nunca debemos olvidar”.
El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha comprometido a desclasificar documentos relacionados con el 11-S siempre que no pongan en peligro la seguridad del país.
Y eso rebaja las expectativas sobre la desclasificación del informe, en el que se rumorea que aparecen los nombres de los miembros del Gobierno de Bush implicados en el programa de torturas.
UNA BRUTALIDAD INÚTIL
El resumen del reporte que se hizo público en 2014 ya reveló que las técnicas de la CIA fueron más brutales de lo que creían los responsables políticos e incluían ahogamientos simulados conocidos como “waterboarding”, baños en agua congelada, privación del sueño y alimentación e hidratación rectal.
El exagente del FBI Ali Soufan fue testigo de algunos de estos abusos y aseguró en declaraciones a Efe que la fuerza y la violencia de la CIA no sirvió para nada.
“No es solo que la tortura no funcionara, la tortura también tuvo un coste. Dañó la reputación y el prestigio moral de EE.UU. También costo vidas”, aseveró Soufan.
Musulmán y de nacionalidad libanesa y estadounidense, Soufan tenía otra forma de obtener información cuando interrogaba a miembros de Al Qaeda.
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Él usaba una especie de “juego de póquer” en el que establecía una relación con los sospechosos invitándoles a té o debatiendo sobre el Corán para que se relajasen y poder pillarles en una mentira, o lograr que revelaran secretos por sí solos.
Una de las personas a las que interrogó Soufan fue al yemení Salim Ahmed Hamdan, al que EE.UU. encerró en Guantánamo por haber sido supuestamente el chofer de Osama bin Laden.
LA HERENCIA DE GUANTÁNAMO
Hamdan fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel por unas polémicas comisiones que funcionaban al margen de la justicia civil y militar; y una de las abogadas encargadas de defenderle fue Andrea Prasow, actual subdirectora en Washington de Human Rights Watch (HRW).
Prawson también representó a diez saudíes en Guantánamo y lo que más recuerda de ese tiempo es la frustración ante las dificultades para obtener justicia.
“Te sientes absolutamente impotente como abogado cuando representas a quienes están detenidos en Guantánamo. Otra gente controla sus condiciones de vida, otra gente controla su detención y las cosas que puedes hacer como abogado son muy pocas comparadas con las necesidades diarias que tienen”, explicó Prawson a Efe.
Biden ha dicho que quiere cerrar Guantánamo, pero ha adoptado un enfoque más discreto que Obama, quien se topó con una intensa oposición de los republicanos del Congreso.
Lo que sí hizo Obama fue transferir presos a terceros países y en 2014 intercambió a un militar estadounidense por cinco altos cargos del régimen talibán que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001.
Años después, esos cinco insurgentes pasaron a formar parte de la delegación de los talibanes que negoció la retirada de EE.UU. de Afganistán y algunos ya han ido adquiriendo puestos de responsabilidad. Por ejemplo, Mohammad Nabi Omari ha sido nombrado gobernador de la provincia de Khost.
Y es que, aunque la historia de las torturas de la CIA todavía no se ha escrito, el presente -y el incierto futuro de Afganistán- impedirán a Estados Unidos olvidar su guerra sucia contra el terrorismo.
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