El flamante ministro de Defensa de Brasil estrenó el martes el cargo afirmando que el golpe de Estado que el 31 de marzo de 1964 instauró una dictadura militar debe ser “celebrado” como un “movimiento” que permitió “pacificar al país”.
Hace 57 años, en plena Guerra Fría, había “una amenaza real para la paz y la democracia”, alegó el general Walter Braga Netto, designado la víspera por el presidente Jair Bolsonaro, en un “Orden del día alusivo al 31 de marzo de 1964”.
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“Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de pacificar el país, enfrentando los desgastes de reorganizarlo y de garantizar las libertades democráticas que hoy gozamos”, agregó.
Para Braga Netto, “el movimiento de 1964 forma parte de la trayectoria histórica de Brasil” y “así deben entenderse y celebrarse los acontecimientos de aquel 31 de marzo”.
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Bolsonaro, un excapitán del Ejército, trató de reflotar las celebraciones del golpe desde su llegada al poder en 2019. El año pasado, el ministro de Defensa Fernando Azevedo e Silva, reemplazado el martes por Braga Netto, afirmó que “el movimiento de 1964 es un marco para la democracia brasileña”.
El analista Tales Faría, del portal Uol, consideró que “el orden del día” de este año fue “moderado” en comparación con el de 2020 y que pudo “ser fruto de un acuerdo entre los comandantes militares para tratar de pacificar el ambiente interno, después de que resultara evidente que la insistencia del presidente en elogiar un régimen de excepción no carecía de motivaciones”.
Queda por ver quiénes son los comandantes en cuestión, puesto que Bolsonaro relevó el martes a los jefes de las tres armas y todavía no designó a sus sucesores.
Los analistas estiman que el relevo está relacionado con el descontento de los comandantes con las tentativas de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas.
El golpe de 1964, que derrocó al presidente Joao Goulart, instauró un régimen que duró hasta 1985.
Según un informe de 2014 de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, un organismo oficial), la dictadura fue responsable de 434 asesinatos y desapariciones y de cientos de detenciones arbitrarias y torturas. Ese balance no incluye a las numerosas muertes de indígenas y campesinos resultantes de conflictos por la tierra.
A diferencia de sus vecinos, Brasil nunca juzgó a los agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina, invocando la Ley de Amnistía de 1979.
Documentos estadounidenses desclasificados en 2018 revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en algunos casos en el palacio presidencial.
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