Santa Cruz se mantiene en huelga mientras aprueban la ley sobre censo en Bolivia

Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, cumplió este jueves 34 días en huelga a la espera de que el Parlamento nacional apruebe una ley sobre el proceso censal, un día después de que sus líderes aceptaran que el empadronamiento sea en 2024 y no en 2023 como reclamaron inicialmente.

Los bloqueos callejeros se han vuelto más numerosos en la capital regional y los movilizados son más radicales, pues ahora en varios lugares se echaron escombros y tierra para impedir el paso de automóviles, motocicletas y bicicletas.

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En algunos puntos de bloqueo no se permite pasar ni siquiera a ambulancias o al personal de salud e incluso algunos vehículos fueron apedreados en esta jornada cerca del llamado Cuarto Anillo, según constató EFE.

Además, un grupo de manifestantes hizo una vigilia en las puertas de las oficinas de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) para impedir que se trabaje allí.

No cayó bien entre los movilizados el anuncio realizado en la víspera por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y los representantes del Comité Interinstitucional del Censo, de que se decidió aceptar que la encuesta sea en 2024, pues la propuesta cruceña para hacerla en 2023 ya no es sostenible “técnicamente” por la dilatación del conflicto.

Los líderes cruceños pidieron a los parlamentarios de las fuerzas opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) que acepten la ley que fije el empadronamiento para 2024, como lo estableció el decreto firmado hace unos días por el presidente boliviano, Luis Arce, para tener certezas sobre el proceso censal a través de la norma.

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También resolvieron mantener la huelga hasta que la ley sea aprobada.

Atentos al Legislativo

El rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo a los medios que las expectativas sobre lo que ocurrirá en las próximas horas en la Cámara baja “son grandes”, pues una norma sobre el censo “daría certidumbre” a los sectores movilizados y al “pueblo boliviano”.

“En esa ley debe contemplarse el tema de los resultados del censo, de la redistribución de los recursos económicos, pero además la distribución parlamentaria”, sostuvo Cuéllar.

A su juicio, “los escenarios han cambiado” con respecto a los días previos, en los que la discusión sobre la ley quedó trabada en la Comisión de Constitución de Diputados, pues ahora la oposición ya no insistirá con el censo en 2023 y se busca consenso para llevar un solo proyecto ante el pleno.

“En este momento estamos en manos del oficialismo porque tiene mayoría en el Congreso y el Senado y hoy solamente esperamos que todo lo que han manifestado los representantes se traduzca en una ley”, añadió Cuéllar.

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En el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) hay dos corrientes, una que sí está dispuesta a tratar la ley y otra, cercana al expresidente Evo Morales, que sostiene que un decreto es suficiente.

El censo debía realizarse este mes, pero en julio el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando “problemas técnicos”, lo que causó el rechazo sobre todo de Santa Cruz que lleva 34 días en huelga por la pronta realización del empadronamiento y de la aplicación oportuna de sus datos.

Una vez que el proyecto se analice y apruebe en Diputados pasará al Senado, donde el oficialismo anticipó que se cumplirán todos los trámites reglamentarios para su análisis, lo que supone que la solución al conflicto no será pronta.