Cynthia Concha llegó al penal de Concepción, Chile, sin más ropa que la sucia que traía puesta. Los guardias no le proporcionaron ropa limpia, ni siquiera un cepillo de dientes.
A Cynthia tampoco se le ocurrió empacar. Estaba magullada, maltratada y en estado de shock.
Acababa de matar a su marido.
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Ese día, en septiembre de 2019, el esposo de Cynthia la amenazó de muerte y bloqueó la puerta de su dormitorio mientras ella intentaba escapar. Temiendo por su vida, luchó contra él, causando su muerte por asfixia mientras forcejeaban.
Se entregó a la policía de inmediato y fue arrestada mientras se realizaba una investigación.
Después de dos meses de prisión preventiva, seguidos de casi dos años de arresto domiciliario, la fiscal estatal finalmente confirmó lo que Cynthia más temía: si la declaraban culpable, enfrentaría una sentencia de 20 años de prisión.
Pero Cynthia no esperaba una campaña social a nivel nacional para manifestarse por su libertad bajo el llamado “Yo también me defendería”.
El juicio de Cynthia tuvo lugar en abril de este año. Como tenía pruebas bien documentadas de abuso doméstico, que incluían visitas al hospital, órdenes de alejamiento e innumerables informes policiales, los tribunales aceptaron su declaración de legítima defensa y la absolvieron de todos los cargos.
Cynthia dice que se sintió “impotente” después de escuchar las acusaciones del fiscal y agregó que las redes la hicieron sentir escuchada: “Estoy muy agradecida por su apoyo”.
El suyo es uno de varios casos que han obtenido el apoyo del movimiento, formado por varias redes de derechos de las mujeres, que argumentan en contra de la criminalización de sobrevivientes de violencia doméstica que se volvieron contra sus abusadores en defensa propia.
“Debo haber tenido al menos cien informes de violencia doméstica. Siempre tuve los ojos morados y moretones”, le dice Cynthia la BBC a través de una videollamada, mientras su dedo recorre las partes de su rostro que fueron golpeadas.
Ella dice que también sufrió explotación económica, violencia sexual y trauma psicológico.
Las organizaciones de derechos de mujeres en Chile celebran la absolución de Cynthia, pero advierten que hay muchas más sobrevivientes de abuso doméstico que han sido criminalizadas injustamente por defenderse.
“Muchos casos como este podrían evitarse si el sistema de justicia hiciera su trabajo”, dice Loren Leron, una activista feminista que brinda ayuda en la cárcel donde estuvo detenida Cynthia.
Leron fue la primera que alertó a las organizaciones de derechos humanos sobre el caso y solicitó su apoyo. “Si una mujer estuviera realmente protegida cada vez que denuncia abuso doméstico, no habría casos como este”, explica.
No es la primera vez que mujeres manifestantes en Chile se enfrentan al sistema de justicia: en 2019, el himno de protesta “Un violador en tu camino” se volvió viral en todo el mundo.
Ese año, durante un período de estallido social, miles fueron filmadas en Santiago, la capital, coreando las palabras: “El patriarcado es un juez / que nos juzga por nacer”, antes de señalar al presidente, los jueces y la policía por fomentar la impunidad contra los abusadores: “el violador eres tú”.
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La Red Contra la Violencia hacia la Mujer es la organización nacional más grande de Chile que trabaja para erradicar la violencia de género.
En su informe anual de 2021, contabilizó 23.642 denuncias de violencia doméstica a la policía en el primer semestre del año, pero solo 5.855 arrestos. Para los casos de abuso sexual, el 74% fueron desestimados por los tribunales y solo el 7% de los casos resultaron en una sentencia.
El informe también reveló que el 81% de las mujeres tuvo una experiencia negativa en sus intentos de denunciar la violencia doméstica a la policía.
La Dra. Myrna Villegas Díaz, profesora de ciencias criminales en la Universidad de Chile, dice que el sistema legal del país ha fallado a las sobrevivientes de abuso.
“El patriarcado, más que un juez, es un legislador”, reflexiona. También cuestiona el enfoque de la fiscalía en los casos de legítima defensa: “Tienen que ser objetivos, no solo mirar elementos para incriminar sino también lo que puede exonerar”.
Según la documentación enviada a la BBC por la fiscalía, ha habido 224 casos de mujeres que mataron o intentaron matar a sus parejas entre 2011 y 2022. En total, 86 han resultado en sentencia penal y más de 50 siguen activos.
Activistas exigen la libertad de las mujeres que están en prisión por matar a sus parejas en contextos de violencia doméstica.
Si bien las estadísticas no revelan si cada caso ocurrió en contextos de autodefensa, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres cree que es probable que así haya sucedido en muchos casos.
“Son mujeres que han sufrido violencia sistemática. Muchas tienen órdenes de alejamiento contra sus abusadores, pero el Estado no las ha protegido y luego las criminaliza”, dice Lorena Astullido, vocera de la organización.
“Yo también me defendería si peligrara mi vida. No es violencia, es defensa”, añade.
Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, destacó que la institución investiga cada caso bajo una rigurosa política de género que incluye capacitaciones obligatorias sobre violencia intrafamiliar.
Si bien Ortiz agradece los comentarios y las críticas del sector civil, desconfía del mensaje del movimiento y dice que podría ser peligroso.
“Toda persona tiene derecho a la legítima defensa pero tiene que ser considerada proporcionalmente”, dijo. “No puede ser utilizado como pase de impunidad o para otorgar protecciones especiales”.
El grito “Yo también me defendería” también se ha extendido a la comunidad LGBTQ+.
Activistas por los derechos de los homosexuales en Chile, han presionado por la libertad de un hombre trans que fue encarcelado después de matar a su agresor a principios de este año. Los activistas argumentan que se estaba defendiendo durante un ataque transfóbico que puso en peligro su vida.
Y en la vecina Argentina, el movimiento ha catalizado de manera similar la movilización social.
Este año, grandes multitudes convergieron para exigir la absolución de Eva Analía Dejesús, más conocida como Higui, una lesbiana que mató a su agresor mientras se defendía durante un intento de violación en grupo “correctivo”. Fue absuelta en marzo.
Cynthia es una de las pocas acusadas en Chile que han sido absueltas o cuyos casos han sido desestimados en los últimos 10 años.
Recientemente encontró trabajo y se mudó a otra ciudad mientras rehace su vida. Si bien se siente aliviada de haber sido absuelta, cree que la violencia doméstica no se toma lo suficientemente en serio.
“Cuando denuncias violencia, la policía te mira y dice que estás bien; que dejes de llorar por nada”, cuenta, exhalando profundamente. Hace una pausa por un momento, antes de terminar la llamada con una súplica emocional:
“Si ves que una mujer sufre violencia, ayúdala en todo lo que puedas. No la abandones”.
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