El Parlamento chileno aprobó este miércoles extender durante quince días más la militarización de una zona del sur del país en la que existe desde hace décadas un conflicto territorial entre el Estado y la comunidad mapuche que se ha agravado en los últimos meses con una escalada de violencia.
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Esta medida, que lleva en vigor desde el pasado 12 de octubre y permite a las Fuerzas Armadas colaborar en operaciones policiales, ha sido fuertemente criticada por la oposición y movimientos indígenas que sostienen que solo pone más tensión sobre la enconada disputa.
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Fue el presidente Sebastián Piñera quien solicitó al Parlamento renovar de nuevo el “Estado de Excepción”, un procedimiento que ha ido repitiendo cada dos semanas desde el pasado octubre.
La Cámara de Diputados dio luz verde a la petición por 70 votos a favor, 48 en contra y 4 abstenciones; el Senado, la aprobó con 16 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
La militarización abarca cuatro provincias de las regiones de Biobío y La Araucanía que recientemente han experimentado una ola de disturbios con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios y tiroteos con víctimas mortales.
Algunos de estos episodios se enmarcan en el “conflicto mapuche”, que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.
La medida estará vigente hasta el próximo 23 de febrero y permite restringir el derecho a la reunión y locomoción de los habitantes en la zona.
“Sin estado de excepción probablemente tendríamos más asesinatos, no menos. Desde el inicio del estado de emergencia se bajaron un 46 % los hechos de violencia”, afirmó el senador de oficialista Felipe Kast, de Evópoli (centroderecha).
En tanto, la excandidata presidencial y senadora Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, agregó por su parte que se deben sentar “nuevas bases para refundar las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas”.
“Usar procedimientos solo represivos no es la vía”, esgrimió.
La militarización es un tema cada vez más candente en el país, especialmente en las últimas semanas que coinciden con el fin del mandato de Piñera, defensor acérrimo de la medida, y la llegada de un nuevo presidente, Gabriel Boric, que tiene una idea completamente opuesta.
En la última semana, el exlíder estudiantil y su futura ministra del interior, Izkia Siches, se mostraron contrarios a la idea de mantener a los más de 2.000 uniformados en las calles una vez asuma el cargo, el 11 de marzo.
“Un estado de excepción no se puede normalizar (...) Ha habido un par de atentados menos, pero cuando sigues teniendo vidas en juego, te das cuenta de que esto no ha servido”, indicó el presidente electo durante su primera entrevista televisada.
En tanto, Piñera anunció que pretende mantener la militarización hasta el fin de su mandato.
“Creo que es importante informarse bien, porque el estado de excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor de apoyo logístico que ha sido muy útil”, dijo esta semana.
Recientemente se registraron varios atentados, los más graves el pasado 18 de enero, cuando dos hombres perdieron la vida tras recibir disparos en las comunas de Cañete y Collipulli con apenas horas de diferencia.
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