La justicia de Chile decidió este miércoles mantener en prisión preventiva a un capitán del Ejército y decretó la misma medida para otros dos miembros de la institución por el asesinato del estudiante ecuatoriano Romario Veloz durante una protesta en el ámbito de la crisis social de 2019.
El Juzgado de Garantía de La Serena volvió a formalizar al capitán José Faúndez Sepúlveda, que llevaba encarcelado desde octubre de 2020, y abrió una investigación contra sus subalternos, Carlos Robledo Olguín y José Arenas Mancilla, por homicidio, homicidio frustrado y violencia innecesaria en contra de Veloz.
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Los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre de 2019, cuando el joven estudiante participaba en una movilización en las calles de La Serena, 500 kilómetros al norte de Santiago, que terminó con incidentes y saqueos en un centro comercial.
Veloz es uno de los más de treinta fallecidos que dejó la violencia y la represión de los agentes durante las manifestaciones que estallaron en Chile en 2019, cuando comenzó la mayor crisis social en el país desde el retorno a la democracia en 1990.
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En este contexto, Faúndez, que ejercía como comandante de una unidad especial que se creó para enfrentar las masivas protestas, ordenó supuestamente a sus subalternos disparar a los manifestantes, explicó al Fiscalía.
Entre las víctimas se encontraba Veloz, que falleció poco después de ser trasladado al hospital, y otros dos hombres que resultaron heridos de gravedad.
“Hoy día por fin mandaron a la cárcel al asesino de mi hijo. Estoy más que feliz, hemos logrado bastante”, señaló a Efe la madre de la víctima, Mery Cortez.
Tras la audiencia, que se extendió durante tres días, se estableció un plazo de investigación de 30 días.
En el momento álgido de las marchas, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) alertaron del excesivo uso de la fuerza durante la dispersión de las manifestaciones y urgieron al Estado a detener la situación.
Según datos del independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de las más de 3.000 querellas presentadas contra agentes del Estado por delitos cometidos en el marco de las protestas, solo había cuatro condenas dos años después del inicio de la crisis social.
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