Durante la mañana del viernes, la fiscalía de Colombia anunció que solicitará a un juez archivar la investigación penal contra el expresidente y excongresista Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos contra un senador de oposición.
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“El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, dijo su despacho en un comunicado.
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El fiscal Gabriel Jaimes solicitó que sea escuchado en audiencia para presentar su pedido de preclusión a favor del exmandatario, en una diligencia que deberá ser programada próximamente y en la que el juez podrá aceptar o no el pedido para cerrar la investigación.
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Incluso el juez podría llamar a juicio a Uribe, tras lo cual las partes cuentan con recursos de apelación ante instancias superiores.
“Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, reaccionó Uribe en Twitter.
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El exmandatario, quien gobernó entre 2002 y 2010, está bajo la lupa de la justicia por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
El caso se remonta a 2012 cuando el entonces senador Uribe denunció a su colega de la Cámara Alta Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con los grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas izquierdistas.
Todavía muy popular en Colombia por su discurso de mano dura, Uribe acusaba a su opositor de manipular testigos para inculparlo ante la justicia.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 una investigación contra el expresidente bajo la misma sospecha: manipular testigos presos contra su opositor.
El alto tribunal ordenó en agosto del año pasado el arresto domiciliario del entonces senador Uribe, mientras avanzaban en su investigación.
Pero el exmandatario logró zafarse de la corte al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, y obtuvo su libertad en octubre último gracias a la decisión de una jueza de garantías.
Al renunciar a su fuero como legislador, Uribe pasó a ser investigado por la fiscalía que dirige Francisco Barbosa, un excolaborador del presidente Iván Duque, delfín del exmandatario.
El senador Cepeda, quien aparece como víctima dentro del proceso, denuncia la falta de garantías de imparcialidad en la investigación.
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