El alcalde del municipio colombiano de Rosas, Cauca (suroeste), José Roberto Campo, clamó este sábado por la liberación de su hijo, secuestrado el día anterior por sujetos armados en un paraje rural de esta región atravesada por rutas del narcotráfico.
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“Hago un llamado muy respetuoso a los grupos que tienen a mi hijo: que me le respeten la vida, que me lo hagan regresar lo más pronto posible al seno de mi hogar”, dijo el mandatario local al telediario Noticias Caracol.
El comandante de la Policía de Cauca, coronel José Ricardo Archila, indicó a la prensa que Wilmer Campo, hijo del alcalde, “se encontraba negociando un ganado sobre la vereda de La Florida y llegaron unos sujetos con armas de fuego, lo intimidaron y se lo llevaron”.
Según la prensa local Wilmer tiene 31 años. Archila dijo no tener información sobre sus captores. El alcalde Campo tampoco dio pistas sobre los autores del rapto.
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El departamento de Cauca está atravesado por rutas para enviar cocaína desde el pacifico colombiano hacia Centroamérica y México. Muchos de estos caminos son controlados por rebeldes disidentes del pacto de las FARC que acordaron una tregua con el gobierno del presidente, Gustavo Petro, desde enero.
El cese al fuego fue suspendido en mayo en cuatro regiones del sur del país por la muerte de cuatro menores indígenas a manos del llamado Estado Mayor Central de las FARC, pero sigue vigente en Cauca.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que acordó recientemente un cese de operaciones ofensivas con el gobierno, también opera en el Cauca. La organización, sin embargo, no se ha comprometido a suspender los secuestros y capturó recientemente a una militar y sus dos hijos menores de edad. La familia fue liberada pocos días después.
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Petro, primer mandatario de izquierdas de la historia de Colombia, dialoga con guerrillas, grupos armados de origen paramilitar y las bandas del narcotráfico para poner fin a la violencia en el mayor productor de cocaína del mundo.
Pero la oposición acusa un deterioro del orden público y cuestiona la capacidad de las Fuerzas Militares y del mandatario para responder a los ataques de los grupos ilegales.
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