Las cárceles de Ecuador registraron este martes un nuevo motín, esta vez en la prisión de la ciudad costera de Machala, en el suroeste del país, que fue controlado cuando apenas han transcurrido 48 horas de la masacre vivida en la cárcel de Cuenca, donde fueron asesinados 20 reclusos.
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Fulton Serrano, gobernador (representante del Ejecutivo) de la provincia de El Oro, cuya capital es Machala, informó de la activación de protocolos de seguridad, ante los “acontecimientos presentados en el Centro de Rehabilitación Social” de esa ciudad.
Serrano aseguró también que “la situación fue controlada” pese a que los presos habían retenido a guardias carcelarios y personal de la prisión que finalmente fue liberado.
El gobernador remarcó que no permitirá “hechos violentos en la cárcel de Machala” y agregó que “personal de Policía y Fuerzas Armadas seguirá actuando cumpliendo los protocolos de seguridad”.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha confirmado aún el suceso en la cárcel de Machala ni tampoco la posibilidad de que haya habido otros motines en cárceles de diferentes ciudades.
En redes sociales se ha informado de eventuales motines en las cárceles de las ciudades tropicales de Esmeraldas y Santo Domingo, así como en la andina de Latacunga.
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El pasado domingo, un enfrentamiento entre bandas de presos dejó veinte personas muertas en la cárcel de Cuenca, un nuevo episodio de una serie de reyertas ocurridas en diferentes prisiones de Ecuador ocurridas desde el año 2000 y que han dejado cientos de reclusos muertos.
La masacre de Cuenca fue el primer hecho violento de gran magnitud este año en el sistema carcelario ecuatoriano, que el año pasado fue declarado en emergencia después de que murieran 316 presos en una serie de masacres entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles.
Según un informe de Amnistía Internacional (AI) en febrero del año pasado 79 reos fueron asesinados en las cárceles, 119 en septiembre y 62 en noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendrían relación con carteles de la droga de Colombia y México.
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