El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, después de que su Gobierno suspendiese por 150 días a la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, con la que mantiene un enconado enfrentamiento y a la que, en principio, le debería delegar las funciones presidenciales durante la campaña electoral de las elecciones de 2025.
Moya se desempeñaba hasta ahora como secretaria nacional de Planificación, e incluso tras ganar Noboa las elecciones extraordinarias de 2023 fue anunciada preliminarmente por el equipo de Noboa para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, una cartera que finalmente tomó Juan Carlos Vega.
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El pasado sábado se conoció que el Ministerio de Trabajo suspendió a Abad por 150 días al no haberse presentado dentro de la fecha indicada por el Gobierno en Ankara, a donde el Ejecutivo la trasladó desde Tel Aviv por motivos de seguridad dentro del conflicto que se suscita en Oriente Medio.
La designación de Moya tuvo lugar horas después de que Abad, desde Turquía, tildara de “grosera violación a la Constitución y a las leyes” el sumario administrativo que le abrió el Ministerio de Trabajo y que le ha significado la suspensión por cinco meses.
En una intervención en vídeo difundida en redes sociales, Abad acusó el domingo a Noboa de presuntamente preparar un “golpe de Estado” en enero próximo al suponer que no respetará la delegación de las funciones presidenciales que -según la Constitución- le corresponde asumir a ella cuando el mandatario deba pedir licencia para la campaña electoral en la que buscará su reelección.
“Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentran ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno”, dijo.
Noboa es uno de los 15 postulantes a la Presidencia y, para el periodo de campaña electoral debe pedir licencia y delegar el cargo temporalmente en Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento desde incluso antes de iniciar su mandato.
“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa, sus ministros, han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado, que se prepara para el 6 de enero del 2025 para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, opinó Abad.
Mencionó “innumerables intentos” por presionar su renuncia, y recalcó que la suspensión de su cargo como vicepresidenta “es un claro reflejo de un Gobierno (...) que ha optado por el camino de la represión y el miedo en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”.
“La utilización de las instituciones para fines personales y la ruptura del orden constitucional son prácticas que no podemos tolerar”, sostuvo.
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Llamamiento “a perder el miedo”
En su mensaje Abad formuló un llamamiento a las autoridades de control social y transparencia, a las fuerzas sociales y políticas, a líderes y profesionales, “a perder el miedo que ha querido impartir un desgobierno de terror”.
Pidió a la Asamblea Nacional que fiscalice las acciones de la Presidencia, los ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de Trabajo por las acciones en su contra, y a la Contraloría General del Estado que inicie un proceso de control sobre su traslado a Turquía desde Israel.
Vestida de Blanco y con un listón negro en la solapa, avanzó que denunciará lo sucedido ante la comunidad internacional y afrontará las circunstancias, pero señaló que todos deben levantar sus voces para “acallar el ruido que el crimen político organizado está haciendo con mi destrozado país”.
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Litigios en Tribunal Electoral
La decisión del Ministerio de Trabajo se dio tres días después de que el Tribunal Contencioso Electoral multara a Abad con 8.500 dólares, pero no le suspendiera sus derechos políticos como solicitaba una denuncia por haber hecho campaña electoral antes del plazo en los comicios electorales de 2023, cuando fue candidata a la alcaldía de ciudad andina de Cuenca.
También en el TCE está pendiente de resolver las contrademandas que se han interpuesto Abad y el Gobierno de Noboa con acusaciones mutuas de presunta violencia de género, que pueden derivar en una eventual inhabilitación y destitución de las autoridades involucradas.
Noboa y Abad mantienen un pulso político que se hizo evidente al inicio del Gobierno, cuando el gobernante la designó embajadora en Israel, desde donde Abad ha denunciado distintas presiones para forzarla a dimitir.
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