El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este martes que el país debe avanzar hacia un “modelo que permita garantizar el derecho humano al agua” en un contexto de sequía sin precedentes que se extiende por más de 13 años.
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Además, el primer mandatario aseguró que, con una grave crisis climática como telón de fondo, también debe garantizarse el derecho humano a “la soberanía alimentaria, el cuidado de la naturaleza, y el desarrollo sustentable del campo chileno que tanto necesitamos”.
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“Hoy estamos enfrentando una mega sequía. Viajando por Chile he podido ver con mis propios ojos cuáles son las consecuencias de ésta y de las deficiencias estructurales del actual modelo de gestión hídrica”, agregó el jefe de Estado chileno, en el marco del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia vital de este recurso.
“El camino hacia una solución no va a ser fácil ni rápido, pero quiero que sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para dar una vuelta de timón y avanzar como país hacia un modelo de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y con eje en la participación ciudadana”, señaló.
El objetivo es ir “en línea con el Acuerdo de Escazú”, subrayó Boric, quien firmó el pasado viernes este acuerdo, el primero en materia ambiental de América Latina, que está ahora a la espera de su revisión en el Congreso.
Con un mensaje difundido a través de redes sociales, junto al presidente del país suramericano se dirigió a la población la ministra de Medioambiente, la científica Maisa Rojas, una de las investigadores coautoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
“En materia de agua, la humanidad hoy se encuentra enfrentando un escenario mundial tremendamente adverso debido a la crisis climática, la que golpea con particular fuerza a Chile y nos deja en una compleja situación de vulnerabilidad”, apuntó la secretaria de Medioambiente.
Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 % de su territorio está afectado por la falta de agua, según Greenpeace.
Los expertos lo achacan a la escasez de lluvias —en 2021 se registró el cuarto año más seco desde que se tienen registros—, pero también al régimen de propiedad de agua, que se encuentra en un 80 % en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
Este sistema se sustenta en el Código de Aguas de 1981 —redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)—, una regulación que entregó a perpetuidad los derechos de agua y los convirtió en bienes transables.
Este modelo de propiedad del agua está siendo debatido en la convención que redacta la nueva Constitución, donde algunos proponen incluir el agua como un bien público y priorizado para consumo humano, uno de los reclamos más habituales de las protestas por la igualdad de 2019.
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