El motín en la cárcel de Santo Domingo los Tsáchilas, Ecuador, y la consecuente masacre que se viene registrando, se suma a una serie de eventos similares que tienen como protagonistas a grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico.
En el 2019, 32 personas fueron asesinadas según Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Al año siguiente, tan solo los enfrentamientos entre los Choneros y Lagartos -filiales de “los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”- dejaron 51 muertos en las prisiones del país.
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Para el 2021, el panorama no fue tan distinto. Tan solo para febrero, “al menos 62 personas” habían sido “asesinadas en los amotinamientos registrados en las cárceles de Guayaquil, Truzi (Azuay) y Cotopaxi”.
Y, para noviembre de ese año, la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) fue lugar de la peor masacre carcelaria del país.
Según la agencia EFE, en el 2021 se registraron 316 prisioneros fallecidos "en distintas matanzas", mientras que, en lo que va del 2022, la cifra llega a 63 muertes. Es decir, con los 43 reos asesinados en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, la cifra global supera los 400 en "poco más de dos años".
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Para ese momento, la explicación era que el Estado había sido muy laxo en el control de las cárceles, al punto que habían cedido su poder a estas bandas. Como consecuencia, el sicariato aumentó: tan solo durante el primer semestre del 2021, se registraron 1.025 crímenes.
Ya se hablaba que la excesiva permisividad podría explicarse con la transformación del gobierno ecuatoriano en un narcoestado, a partir de restar fondos a las “operaciones de control al envío de drogas en las fronteras y los puertos principales”.
Las cifras eran y son de escándalo: para el 2021, se decomisaron 210 toneladas de droga -en su mayoría, cocaína-. Este año, la cifra llega a 75.
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¿El fracaso del estado de excepción?
Con un panorama muy complicado para el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso -quien fue elegido para el cargo en el 2021-, mayo se inició con la declaración del estado de excepción. “Las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas” y algunas “áreas con mayor violencia de localidades como Guayaquil”, fueron los afectados.
La agencia AFP recuerda que, a partir de esta decisión, “nueve mil militares y policías tomaron el control de las tres provincias de Ecuador más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad”.
“No es tarea sencilla recuperar la seguridad”, tuiteó el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
No parecía haber otra respuesta a la situación. AFP la describe: “de la mano del narco ha crecido la criminalidad en Ecuador, con 1.255 muertos -entre ellos decapitados y mutilados- en el primer cuatrimestre de este año frente a los 2.500 de todo 2021 y 1.400 de 2020″.
De allí que no sorprenda lo sucedido en la cárcel de Santo Domingo. Al cierre de nota, la cifra de muertos superaba los 40.
Posibles explicaciones
“Va a cumplirse el primer año de funciones del gobierno de Guillermo Lasso quien, desde un inicio, dijo que la seguridad era una de sus prioridades”, comenta Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Y agrega: “Sin embargo, lo que está sucediendo es producto de la falta de políticas públicas, de planes y programas concretos que nos permitan, al menos, comprender qué acciones se pueden implementar para solucionar el problema”.
En pocas palabras, para Alarcón, el problema es el exceso de “diagnósticos” y la poca acción. “El Gobierno recurrió al discurso fácil, a entender que la inseguridad es únicamente producto del narcotráfico y de actividades irregulares, y ordenó un estado de excepción para movilizar a los militares”.
“Pero la situación es tan crítica que, a pesar de eso, acabamos de tener una nueva masacre en un centro de rehabilitación social, un centro que no es ni considerado prioritario para calmar esta situación”.
¿Y cómo se explica que el Gobierno haya recurrido únicamente a esta salida? El especialista considera que es porque la gran mayoría de funcionarios públicos no tienen experiencia en el Estado. Sus órdenes, por tanto, no suelen considerar “cómo funciona la burocracia”.
“Muchos creen que un buen gerente del sector privado es, automáticamente, un buen gobernante en la función pública. No es así y lo estamos viendo. Esto se suma, además, a que los ministerios no actúan por [miedo al] bajo nivel de confianza y popularidad del Gobierno”.
“La improvisación nos está pasando factura”, sentencia.
Habrá que esperar para ver si, producto de la visita de Lasso a Israel -que se inició, justamente, hoy-, el presidente plantea nuevas formas para resolver la tremenda inseguridad y desgobierno.