Ecuador desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para “garantizar la seguridad” en esas instalaciones, anunció el viernes la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, tras un amotinamiento de presos que deja 118 muertos.
“El gobierno mantiene movilizados de manera permanente, diariamente en todos los centros penitenciarios del Ecuador a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo la funcionaria en rueda de prensa en Quito, agregando que la operación es para “garantizar la seguridad” en las prisiones.
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La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste) el martes, que deja al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.
En esa prisión, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales, se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.
Las Fuerzas Armadas señalaron por su parte que se “realiza un control de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso y zonas de influencia de los Centros de Rehabilitación Social, empleando medios terrestres, fluviales y aéreos”.
En la rueda de prensa conjunta con Vela en la casa de gobierno, el director de prisiones, Bolívar Garzón, indicó a su vez que Ecuador planea otorgar indulto para unos 2.000 reclusos de más de 65 años y con enfermedades o discapacidades, además de repatriar a extranjeros con condena para que terminen de cumplirlas en su nación.
Un 10% del total de la población carcelaria es extranjera, en su mayoría colombianos y venezolanos.
“Disminuir el hacinamiento”
Las medidas apuntan a descongestionar en algo el sistema carcelario de Ecuador, cuya capacidad es para 30.000 personas y que desde hace varios años afronta una crisis por una superpoblación de 30%, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y la guerra entre bandas con vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.
La Constitución faculta al presidente de la república a conceder indultos, así como a la Asamblea Nacional por motivos humanitarios con el voto de las dos terceras partes (91 de los 137 diputados).
Garzón dijo que el gobierno también prevé construir infraestructura penitenciaria para “disminuir el hacinamiento”.
“Vamos a enfocarnos en el control total” de la cárcel donde se registró el motín, una de las principales del país, añadió.
Entretanto, la Policía mantiene el viernes acciones de requisa en la convulsionada prisión guayaquileña en la que se enfrentaron miembros de bandas criminales con nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Las inspecciones, que el jueves permitieron el decomiso de tres pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas y tres artefactos explosivos, son parte de las acciones implementadas dentro del estado de excepción decretado por el presidente Lasso el miércoles para todo el aparato carcelario, suspendiendo derechos de los reclusos y movilizando a la fuerza pública para mantener el orden.
La Policía además intervenía en prisiones de otras localidades, incautando municiones, armas blancas y drogas.
En lo que va de 2021, las revueltas carcelarias en Ecuador dejan 237 muertos y 166 heridos. En febrero murieron 79 reclusos en amotinamientos simultáneos en cuatro prisiones de tres ciudades.
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