“El precio de pasar a la historia”, por Carlos Llanos*

La decisión histórica adoptada ayer por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso al emplear la figura constitucional de la “muerte cruzada” y decretar la disolución de la Asamblea Nacional marca un nuevo momento político para un país que, durante los cinco primeros meses del año, vivió tiempos de profunda incertidumbre. Esta decisión fue adoptada en el contexto de la posible censura y destitución que el presidente enfrentaba ante el juicio político que la Asamblea Nacional inició en su contra y que se encontraba en su fase resolutiva; aunque no existían certezas, el riesgo de que existieran los 92 votos requeridos para la destitución, era alto.

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Más allá de los matices jurídicos y políticos que se pueden comentar sobre la decisión y de los esfuerzos, totalmente legítimos, de la oposición para invalidar e incluso buscar echar abajo la decisión; el país agradece hoy la certeza que aparece en el panorama inmediato: el próximo 20 de agosto los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas para elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional que estarán en funciones hasta mayo de 2025. El país entra ahora en “modo electoral” y serán esos, los intereses a los que responderán las acciones de las fuerzas políticas.

Con su decisión el presidente Lasso ha disuelto uno de los órganos públicos con peor valoración ciudadana y se ha generado un espacio -aunque mínimo- para poder concretar algunos de los puntos clave de su plan de gobierno como son inversión y empleo. La salida por la que ha optado el gobierno tiene tiempo limitado y tampoco constituye un “cheque en blanco”. Por un lado, los plazos previstos en la ley para la convocatoria a elecciones anticipadas han empezado a correr y por otro, la Corte Constitucional se convierte ahora en el contrapeso democrático del gobierno.

Lasso cuenta, en la práctica, con aproximadamente 180 días para gobernar sin la oposición del Legislativo. En seis meses es poco probable que consiga ejecutar grandes obras de infraestructura o iniciativas gubernamentales ambiciosas, pero no deja de ser un espacio de oportunidad para evidenciar mayor inversión pública, proximidad con la ciudadanía y presencia territorial. Factores que bien manejados podrían suponerle una mejora -aunque sea discreta- en sus márgenes de aceptación y ayudarle de cara a los objetivos electorales que tampoco le son ajenos a su movimiento político. Los márgenes de aprobación de Guillermo Lasso son inferiores al 20%, habrá que ver cómo termina su periodo.

Por otro lado, si bien el artículo 148 de Constitución establece que el primer mandatario podrá expedir decretos-leyes de urgencia económica, señala también que estos deberán contar con un previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. El presidente ha anunciado que aprovechará esta prerrogativa para retomar varias iniciativas que en su momento fueron archivadas o relegadas en la Asamblea. Su primera apuesta en ese sentido ha sido precisamente, una Reforma Tributaria que propone algunos beneficios y reducciones tributarias para la clase media y que se firmó apenas minutos después de la emisión del decreto de disolución de la Asamblea. El decreto-ley se encuentra ahora en la Corte Constitucional y de superar su control, el presidente tendría ya una primera buena noticia para anunciar y consecuentemente un rápido triunfo y evidencia de que el origen del problema de gobernabilidad era justamente la Asamblea.

Con su decisión Lasso ha conseguido pasar a la historia; no habrá sido esta la forma en que lo imaginó, pero, aunque suene irónico, su anhelo se ha materializado. Si la decisión lo salva o sepulta dependerá, precisamente, de cómo aproveche estos cinco meses de camino despejado.

*Carlos Llanos es socio y director general de Llorente y Cuenca Ecuador.