El proyecto de ley que el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso incorpora en el Código Penal nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes. Tanto que a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte lo castiga con hasta tres años y medio de cárcel; es decir que, de aprobarse esta reforma, el piquete puede tener un castigo de prisión efectiva. Hoy, el máximo de ese delito es de dos años.
Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.
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Un punto clave de la nueva redacción que Milei propone para el Código Penal es que establece la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación” toda “reunión o manifestación”.
La iniciativa dice que el ministerio podrá “oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional”. También que “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”. No establece qué pasa si los manifestantes desoyen esa “propuesta” del Gobierno.
Incluso las “manifestaciones espontáneas” deben ser notificadas -dice el proyecto de ley- “con la mayor antelación posible” al Ministerio de Seguridad, hoy a cargo de Patricia Bullrich.
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