La lucha regional se reactiva en Bolivia: Santa Cruz se levanta otra vez contra el gobierno

Bolivia está polarizada, y eso no es novedad. Lo está desde hace muchos años, como parte de una confrontación regional que no ha cesado y no tiene visos de terminar: La Paz versus Santa Cruz, el occidente versus el oriente, y en el medio el gobierno del Movimiento al Socialismo, el partido que empoderó a Evo Morales y que ahora se muestra dividido en torno a su figura y a la del presidente Luis Arce.

Como parte de esta confrontación, el actual gobernador de Santa Cruz y excandidato a la presidencia, el derechista Luis Fernando Camacho, fue detenido el 28 de diciembre y trasladado a la prisión de Chonchocoro en La Paz. Ahí pasará cuatro meses de manera preventiva mientras se le investiga por terrorismo, como parte del caso “Golpe de Estado I”, por supuestamente conspirar en las protestas sociales del 2019 que terminaron con la renuncia de Morales.

Su arbitraria detención ha causado una ola de indignación y protestas, que están complicando la actividad económica, pues Santa Cruz es considerado el motor del país, y las manifestaciones y bloqueos en las carreteras ya están aumentando el precio de los alimentos.

La Autoridad Boliviana de Carreteras informó que en Santa Cruz hay más de 10 puntos de bloqueo, lo que ha dejado largas filas de camiones varados, complicando el envío de productos hacia el resto de regiones.

Los comités cívicos, que siempre se han constituido en una fuerza muy influyente en el departamento y suelen ser la piedra en el zapato de los gobiernos en La Paz, han convocado para este 10 de enero una nueva jornada de protestas, que podrían emular lo ocurrido el año pasado, cuando Santa Cruz se paralizó durante 36 días debido a una disputa por el censo nacional.

La detención de Camacho vuelve a enfrentar a los cruceños con el MAS, como ya ha ocurrido anteriormente durante los gobiernos de Evo Morales, sobre todo cuando se definió la autonomía regional en el 2008 y que movilizó a miles de personas a las calles del poderoso departamento.

Estos últimos días, la pugna está en torno al reemplazo de Camacho en el cargo. El régimen de Arce ha advertido que iniciará un proceso penal si el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, no asume el cargo. Sin embargo, desde la gobernación cruceña han señalado que Camacho seguirá cumpliendo sus funciones desde la cárcel.

¿Estado de derecho?

El gobernador de Santa Cruz no es el único opositor que está tras las rejas. El líder cívico de Potosí, Marco Pumari, que fue la fórmula presidencial de Camacho en las elecciones generales del 2020, también está preso, con cargos similares a los del cruceño.

Por ello, organizaciones civiles de Potosí han señalado que se adhieren a las protestas del 10 de enero.

A ellos se suman varios exjefes militares y policiales que le dieron la espalda a Evo Morales en la crisis del 2019 y que terminaron provocando su renuncia al cargo.

El caso más relevante es el de Jeanine Áñez, la expresidenta interina, detenida desde marzo del 2021 y que en junio del 2022 fue sentenciada a 10 años de cárcel por incumplimiento de la Constitución y situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.

“Dado que el órgano judicial boliviano no tiene mucha independencia, es fácil usarlo con fines políticos, como ha ocurrido con la detención del gobernador Camacho”, expresa a El Comercio el abogado y analista boliviano Gonzalo Mendieta.

Según explica la agencia Reuters, el índice del 2022 del Estado de derecho del World Justice Project clasificó a Bolivia en el puesto 130 entre 140 países en general, en el lugar 135 en términos de corrupción judicial y en el puesto 139 en justicia penal, solo por delante de Venezuela.

En un informe del 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que estaba preocupado por los “casos de injerencia política y corrupción” en el poder judicial de Bolivia.

La semana pasada, el fiscal general dijo que el caso contra Camacho había seguido el debido proceso y no era “persecución política”.

Mendieta señala que lo que está pasando también hay que analizarlo desde el lado político: “Acá hay una disputa por el corazón del MAS, y es la competencia entre el presidente Arce y el expresidente Morales, pues con la detención de Camacho el gobierno busca apuntalarse ante la base dura de los militantes del partido, así captan su adhesión y le disputan a Evo Morales la verdadera dirección del gobierno y la dirección política”.

Y agrega: “Ni siquiera se trata de acallar a un opositor, como ocurrió con Leopoldo López en Venezuela. Es una medida de revancha que reclamaba la base electoral del MAS y que el gobierno ejecutó”.

Una oposición disgregada

Pero si hay disputas dentro del partido de gobierno, la oposición boliviana tampoco ha podido consolidarse en un bloque unificado, lo que quedó en evidencia en las elecciones del 2020 cuando presentaron diversas candidaturas que disgregaron el voto, como las del propio Camacho, Áñez y el expresidente Carlos Mesa.

Si bien el gobernador de Santa Cruz es una figura muy popular en su departamento, no ocurre lo mismo en el resto del país, y eso está siendo aprovechado por el MAS. “Camacho también tiene competidores dentro de Santa Cruz, que aunque se han indignado ante lo ocurrido, tampoco están dispuestos a inmolarse por él”, agrega Mendieta.

Siendo así, queda por ver si las manifestaciones que se alistan serán suficientes para torcerle la mano al gobierno de Luis Arce. Pero tampoco hay que olvidar que las protestas que encabezó Camacho en el 2019 provocaron la renuncia de Evo Morales. Y si bien la oposición está dividida, sí coinciden en un objetivo: la salida del poder del Movimiento al Socialismo.