La Justicia de Bolivia dictó este viernes cuatro meses de detención preventiva para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en la ciudad de La Paz, en el ámbito del caso “golpe de Estado I” por la crisis de 2019.
La audiencia de medidas cautelares contra Camacho transcurrió durante más de nueve horas, en la que la Fiscalía pedía seis meses de prisión preventiva para el gobernador al que acusa del delito de terrorismo.
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Desde el pasado miércoles Camacho permanece en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, a donde fue trasladado tras su detención en la ciudad de Santa Cruz en un cuestionado operativo policial.
Se espera que en las próximas horas sea llevado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz a unos 35 kilómetros de la ciudad homónima.
La Fiscalía acusa a Camacho del delito de terrorismo y pedía seis meses de prisión preventiva por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, que luego denunció ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Por este mismo caso se detuvo en marzo de 2021 a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque finalmente fue condenada en junio de este año a 10 años de prisión por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.
De manera paralela al fallo del juez, en la madrugada de este viernes se iniciaba en Santa Cruz el paro de 24 horas convocado por la “Asamblea de la Cruceñidad”, que aglutina a las principales entidades cívicas del departamento, para exigir la liberación del gobernador de esa región boliviana y líder opositor, Luis Fernando Camacho.
“Santa Cruz repudia el secuestro y persecución política contra autoridades y población civil”, fue el mensaje con el que el Comité Cívico de Santa Cruz dio inicio a la huelga.
“Denunciamos ante la comunidad internacional que el Gobierno boliviano ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión, manipulando al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, a los que tiene sometidos”, añade el comunicado.
El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, quien encabezó el inicio de la marcha, dijo que estaban en “alerta” y agregó que se “analizarán escenarios nuevos” si la justicia no deja libre al gobernador Camacho.
Larach pidió evitar “los hechos de violencia” y tener “mucho cuidado en resguardar las instituciones de Estado” ante posibles “autoatentados para poder inculpar a la dirigencia cruceña”.
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