La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega dijo ante las autoridades de Costa Rica este lunes que tiene pruebas de un caso en el que el presidente Nicolás Maduro desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo.
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“Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma”, dijo Ortega en una conferencia de prensa.Según la ex fiscal destituida por la Asamblea Constituyente (ANC) de Nicolás Maduro, para la “millonaria trama de corrupción” se ha utilizado “como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa”.Esta empresa -prosiguió- es propiedad de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la ANC.
“Esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua, Jorge Rodríguez, Jesse Chacón y Maximilian Sánchez”, agregó la ex funcionaria chavista.
Ortega aseguró que recientemente entregó pruebas de este y otros casos a “fiscales de Estados Unidos” y este lunes al fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, quien también ejerce el cargo de secretario general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.“En Venezuela no va a ser posible hacer Justicia y por eso estoy entregando evidencias a distintos países”, comentó Ortega.La ex funcionaria citó que en el caso de Odebrecht está involucrado Diosdado Cabello, pero no reveló más detalles como sí lo hizo en Brasil, donde dijo que el monto ascendía a 100 millones de dólares.“Tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no solo a Venezuela sino a toda la región. Estas pruebas que involucran a Diosdado Cabello fueron entregadas a funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos y de Brasil y vamos a seguir con otros temas”, manifestó.La ex fiscal llegó hoy a Costa Rica y no reveló los detalles de su agenda de actividades en este país por motivos de seguridad.En la conferencia de prensa aseguró que no regresará a su país porque su vida corre peligro, pero garantizó que seguirá luchando desde fuera para que en Venezuela “regrese la democracia y la libertad”.Ortega fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer “actos inmorales” y señaló a su esposo de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.Tras la acusación de la ANC, Ortega abandonó Venezuela y viajó hacia Colombia vía Aruba.La ex fiscal, vinculada al chavismo pero que se desmarcó del Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses, denunció la ruptura del orden constitucional en su país tras dos sentencias del Supremo que le quitaban competencias al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados.
Ortega calificó este lunes a la ANC como ilegítima y que el Ministerio Público ha sido “ocupado ilegalmente por alguien involucrado en hechos de corrupción”.
—Denuncia ante la CIDH—Asimismo, Ortega reiteró su denuncia de que el gobierno venezolano ha enviado personas a acabar con su vida.“Vengo específicamente a formular una denuncia ante la fiscalía de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, aseveró.“Tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el gobierno ha contratado sicarios para acabar con mi vida”, precisó Ortega en la sede del Ministerio Público costarricense, en San José.“Quiero denunciar eso en Costa Rica porque hay fiscales y directores que están en la misma situación”, agregó Luisa Ortega sin ofrecer más detalles sobre tales amenazas.La jurista dijo que su visita era parte de una “cruzada” contintental para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo por restaurar el orden democrático en su país.Agregó que durante las últimas manifestaciónes han muerto más de 130 personas y más de 2.000 resultaron lesionadas “por la represión del gobierno de Venezuela”.El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump prohibió por decreto negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA, lo que Maduro tildó de “brutal agresión”.Fueron las primeras sanciones contra el país, tras las impuestas previamente a Maduro y varios de sus colaboradores, a quienes Washington acusa de quebrar el orden democrático y violar derechos humanos en protestas opositoras.Fuente: EFE/AFP
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