En qué consiste la “ley ómnibus” que envió Milei al Congreso de Argentina (y por qué esta tercera pata de sus reformas es la más profunda)

Tres paquetes de reformas en tres semanas de gobierno. Y el más grande quedó para el final.

Con apenas 17 días en el poder, Javier Milei envió al Congreso argentino este miércoles una “ley ómnibus” -o proyecto con muchas leyes- que conforma la tercera y última parte del plan de reformas liberales con el que planea “dar un punto de giro en la historia argentina”.

MIRA: “No hay alternativa al ajuste”: 5 frases del primer y duro discurso de Javier Milei como presidente argentino

El flamante presidente llevaba apenas 48 horas de mandato cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 “medidas de emergencia” para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación brutal del peso, que perdió la mitad de su valor contra el dólar en un solo día.

En su segunda semana, a través de la cadena nacional, el propio Milei dio a conocer los detalles del polémico “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) con el que el Poder Ejecutivo pretende modificar o derogar 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía.

Se trata de un “megadecreto” que ya ha generado cuestionamientos ante la Justicia, y que, a poco de ser anunciado, suscitó una serie de “cacerolazos” (protestas de vecinos golpeando cacerolas) y manifestaciones.

Ahora, en la tercera semana del nuevo gobierno libertario, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que se envió al Congreso un “paquete de leyes que será tratado en sesiones extraordinarias, titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”.

El propio Milei señaló que este proyecto legislativo es el más profundo ya que contiene “dos tercios” de todas sus propuestas de reforma.

La más llamativa -y preocupante, según sus detractores- es la que pide declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Un período que “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”.

En la práctica, si esta norma se aprobara, Milei tendría durante sus cuatro años de gobierno la potestad de decidir sobre todos estos temas sobre los que hoy solo puede legislar el Parlamento.

En otras palabras, tendría en sus manos el poder tanto del Ejecutivo como del Legislativo, una propuesta controvertida que, en la práctica, tiene pocas posibilidades de ser aprobada por los legisladores del oficialista La Libertad Avanza, que son minoría, según apuntan muchos analistas.

Mientras que el “megadecreto” de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol, el paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso.

“El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, detalló Adorni.

Los más de 600 artículos de la “ley ómnibus” modifican una veintena de leyes.

Hay un capítulo dedicado a la reforma del Estado, que propone declarar “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público.

Se trata de cerca de 40 de compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.

En el capítulo sobre la reforma electoral se incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocidas como PASO, que han sido motivo de controversia desde su creación en 2009.

Y se propone cambiar la composición de la Cámara de Diputados, pasando del sistema actual, que determina la cantidad de representantes de forma proporcional con la población, a un sistema de circunscripciones uninominales, que implica la división del país en 254 circunscripciones con un diputado por cada una.

También incorpora nuevos límites a las manifestaciones, aumentando las penas a hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado“.

La pena será aún mayor si se extorsiona a las personas para que asistan a una protesta, amenazando con quitarles la ayuda social.

En tanto, la propuesta del gobierno elimina las penas a quienes utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. En la actualidad el Código Penal solo permite usar armas a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.

Aunque algunas de las propuestas -en particular la reforma electoral- cuentan con el aval de distintas fuerzas políticas, es probable que muchos de los 664 artículos de la “ley ómnibus” no se terminen aprobando.

“Milei mandó su idea de una Argentina perfecta, pero no tuvo mucho en cuenta la viabilidad política”, señaló el analista del canal LN+ Pablo Fernández Blanco.

Aunque Milei ganó la segunda vuelta electoral con casi el 56% de los votos, en la primera vuelta -la que vale para obtener escaños en el Congreso- sacó apenas el 30% y quedó segundo, a 7 puntos del kirchnerismo-peronismo, que tiene mayoría en ambas Cámaras.

Con esos resultados electorales, La Libertad Avanza hoy cuenta con unas 40 bancadas en Cámara de Diputados y solo 7 en el Senado. Eso representa un 15% de todo el Congreso.

Deberá contar con todo el apoyo de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, que quedó al borde de la fractura por sus diferencias respecto a su alianza con Milei.

Mientras el Congreso debate la “ley ómnibus” en sesiones extraordinarias convocadas por Milei hasta el 31 de enero, habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias, a partir de marzo, para saber cómo se expide sobre el “megadecreto”, que entrará en vigencia el 29 de diciembre, si no es frenado antes por la Justicia.

A diferencia del paquete legislativo, que se votará parte por parte, el DNU deberá ser aprobado o rechazado en su totalidad por la mayoría de las Cámaras, y con solo tener el visto bueno de una quedará vigente.