Las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos en las manifestaciones del estallido social de octubre de 2019 en Chile, según el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, aunque niega “categóricamente” cualquier planificación del Gobierno o la Policía para que eso ocurriera.
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Las movilizaciones contra la desigualdad socioeconómica fueron masivas los primeros meses, al tiempo que se produjeron actos de violencia extrema con incendios, destrozo de mobiliario y saqueos, dejando una treintena de muertos y miles de heridos.
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En una entrevista con EFE en Madrid, el canciller repasa cómo las protestas dieron lugar al referéndum del 25 de octubre pasado, cuando más del 78 % de los chilenos votaron a favor de que se elabore una nueva Constitución y dejar atrás la de 1980, aprobada durante la dictadura del general Pinochet y reformada más de 40 veces.
Allamand, contrario a la redacción de un nuevo texto constitucional, había sido nombrado responsable de Exteriores por el presidente Sebastián Piñera tan solo unos meses antes, el 29 de julio.
Pregunta (P): ¿Por qué tanta expectación sobre el proceso constituyente chileno?
Respuesta (R): Chile siempre ha tenido una cierta importancia política, ideológica... Basta recordar el impacto que significó el gobierno de Salvador Allende; posteriormente, la transición (desde la dictadura) fue un proceso muy observado y elogiado.
Los últimos 30 años son objetivamente de progreso, el país fue capaz de reducir, quizás como ninguno, la pobreza; hemos logrado una expansión enorme de nuestra clase media, el índice de desarrollo humano de Chile es el primero de la región. En consecuencia, esa trayectoria de éxito, de alguna manera se aprecia, y el estallido social generó una razonable atención.
Ahí surge un primer aprendizaje, los países con una trayectoria de progreso no son inmunes al malestar social ni a la protesta.
Y hoy, lo que genera atención es cómo los chilenos encaramos el proceso, cómo un estallido social, que podría haber devenido en una crisis institucional muy profunda, ha sido encauzado con un proceso participativo, democrático e institucional.
P: Pero usted se posicionó en contra del proceso constituyente.
R: Siempre fui partidario de reformas constitucionales a través de los procedimientos que la propia Constitución establecía. Pero en octubre hubo una reafirmación muy categórica respecto de cuál era el derrotero que el país debía seguir, y como canciller me corresponde explicar y defender ese proceso y trabajar para que tenga un buen resultado.
P: ¿Qué amenazas tiene el proceso? ¿Podrían recrudecerse las protestas sociales debido a la covid-19?
R: El camino institucional que ha alcanzado Chile, y que tiene un enorme respaldo ciudadano, deja de lado la vía de la violencia. En Chile coexistieron dos tipos de manifestaciones muy distintas en 2019: las masivas y pacificas y, simultáneamente, hechos de violencia absolutamente inusitados.
El eje fundamental que ha generado este proceso constituyente es el rechazo a la violencia y la aceptación de un camino democrático e institucional. Los desafíos son, ni más ni menos, la complejidad de redactar una nueva Constitución.
P: ¿Cómo?
R: A través de un órgano, una convención constitucional de 155 miembros, elegida en abril próximo por la ciudadanía; es una incógnita cuál va a ser la representación de los partidos tradicionales en ella y de personas de fuera del mundo político.
No sabemos quiénes van a integrarla, sí sabemos que serán personas con legitimidad democrática incuestionada.
Será paritaria entre hombres y mujeres y tiene nueve meses para elaborar una nueva Constitución, con una sola extensión posible de tres meses más; será sometida a un plebiscito de ratificación.
Los chilenos quieren un orden constitucional nuevo que, sin abandonar factores que han generado el progreso, incorpore nuevos elementos de inclusión y cohesión social.
P: Chile ha optado por marginar la violencia. Sin embargo, el cuerpo policial fue acusado por la ONU, Amnistía Internacional o Human Right Watch de un uso excesivo de la fuerza y cometer violaciones graves de los derechos humanos en las manifestaciones.
R: El Gobierno acogió todas las misiones, de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y varias organizaciones.
El proceso, donde efectivamente se incurrió en violaciones o transgresiones a los derechos de las personas por parte de las fuerzas policiales, fue objeto de un escrutinio amplio y abierto a organizaciones (de derechos humanos) internas e internacionales.
Esas comisiones, grupos y organizaciones entregaron unas recomendaciones, que se han hecho parte del proceso profundo de reforma a la Policía y las organizaciones policiales, que está muy avanzada.
P: ¿Hubo depuración de policías?
R: No ha habido margen alguno para la impunidad: cada vez que se ha evidenciado que ha habido una transgresión, se han adoptado inmediatamente las sanciones administrativas y se han abierto los procesos judiciales para sancionar con el rigor de la ley a los culpables. Esa ha sido la reacción del Gobierno.
Quiero señalar de forma muy categórica que, si bien han existido estas transgresiones a los derechos de las personas, bajo ninguna circunstancia esto ha sido una suerte de política institucional.
¿Ha habido transgresiones? Sí, se han abordado en la forma que he señalado, pero nunca ha existido ni de parte del Estado ni del Gobierno ni de los cuerpos policiales una suerte de planificación organizada.
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