Las autoridades recapturaron a la gran mayoría de los 220 presos que se habían fugado el lunes de una cárcel del centro de Ecuador donde un amotinamiento dejó 44 muertos, informó este martes la Policía.
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“Existió un total de 220 ciudadanos que (se) fugaron el día de ayer y al momento están 200 recapturados” debido a los patrullajes y puntos de control de policías y militares, declaró a la prensa el jefe de operaciones de la Policía, el general Geovanny Ponce.
Hasta la noche del lunes las autoridades habían reportado 112 “recapturados” y 108 fugados.
Según el último balance, al menos 44 reclusos murieron, durante un enfrentamiento entre pandillas rivales en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo (centro). Ponce indicó que entre los fallecidos hay dos venezolanos.
Hasta el momento se han identificado 41 cadáveres, dijo el jefe policial, que describió una situación de “total tranquilidad” en la prisión.
Ponce explicó que el gobierno ofrecerá recompensas de hasta 3.000 dólares para quienes den información sobre la veintena de reos que aún están desaparecidos.
En el sangriento enfrentamiento, una banda vinculada al narcotráfico atacó a otra rival, asesinando a sus miembros con armas blancas dentro de las celdas.
Diez reclusos resultaron heridos, además de un policía.
Esta es la sexta masacre carcelaria registrada en Ecuador desde febrero de 2021, con lo que el número de presos muertos en violentas revueltas dentro de las prisiones es casi de 400.
La matanza en la cárcel de Santo Domingo (a unos 80 km de Quito) ocurrió un mes después de otra en la cárcel de El Turi, en la andina Cuenca, en la que murieron 20 personas.
Como medida para frenar la violencia, seis cabecillas de bandas fueron trasladados de Bellavista a dos prisiones de máxima seguridad.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso atribuye las matanzas al enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico que se disputan el territorio para la distribución de droga dentro y fuera de las prisiones.
Para contener las muertes tras las rejas, el gobernante implementó el traslado de presos peligrosos, promovió indultos para reducir la población carcelaria, asignó presupuesto a las cárceles y creó una comisión de pacificación, que en su más reciente informe tildó a las prisiones ecuatorianas de “bodegas de seres humanos y centros de tortura”.
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