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El cierre de fronteras por el COVID-19 en los países andinos no impide que miles de venezolanos sigan cruzando por trochas de un país en otro movidos por el “virus del hambre”, todo un desafío para los Gobiernos que tratan de impedir la propagación del coronavirus.
Se cuentan por miles los migrantes venezolanos que cada mes siguen cruzando de Colombia a Ecuador, y de Ecuador a Perú, en busca de un futuro por decenas de pasos ilegales que las autoridades no alcanzan a controlar: cuando destruyen uno, se abre otro.
Para cruzar cada frontera desde su lejana Venezuela, los migrantes pagan el equivalente de entre 5 y 10 dólares, una suma nada despreciable para quien no tiene nada.
Para las autoridades, el paso de estos migrantes se ha convertido en una amenaza sanitaria, dado que no hay control sobre posibles contagiados y el virus se desplaza con ellos a lo largo de su recorrido.
Pero frente al coronavirus, para el migrante venezolano pesa más el hambre, la falta de trabajo, la escasez de servicios médicos y la persecución política.
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