3 desafíos que quedan en la frontera entre Venezuela y Colombia tras la apertura del puente que estuvo cerrado 7 años

Pasaron 7 años desde que se terminó, 10 desde que se empezó a construir y más de 30 desde que se ideó para que, finalmente este 1 de enero, el puente internacional de Tienditas, entre Colombia y Venezuela, se abriera.

Y con un nuevo nombre: Puente Internacional Atanasio Girardot, en homenaje a un prócer de la independencia de ambos países.

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El cierre de la frontera de 2015, decretado por Nicolás Maduro en medio de un altercado con el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos fue el último de los obstáculos: antes hubo decenas de desencuentros entre Bogotá y Caracas que entorpecieron el proyecto por décadas.

Con tres plataformas de tres carriles cada una, un paso para peatones y otro para bicicletas, este es el primer puente de gran envergadura en una frontera de 2.200 kilómetros en la que millones de personas viven del paso diario de un lado al otro.

“Esto genera mucho optimismo porque hace parte de nuestro ADN, de nuestra historia, de nuestra tradición”, dice Armando Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la principal ciudad fronteriza del lado colombiano.

“Como un solo territorio nos unimos a la hermandad histórica, cultural y social que siempre nos ha identificado”, señaló Freddy Bernal, gobernador chavista del estado Táchira.

La euforia fue el sentimiento común de los presentes en el evento de apertura del domingo, pero el escepticismo, no solo sobre el puente sino la frontera en general, sigue siendo grande.

“Es mucho lo que se destruyó durante el cierre y es mucho lo que hay por arreglar, pero para muchos acá, incluidos los funcionarios venezolanos, hay una disposición para trabajar en conjunto hacia la normalización de una frontera que nunca se debió cerrar”, dijo un alto funcionario colombiano que estuvo en el evento y pidió no ser identificado al no ser vocero.

Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá, añadió: “La apertura del puente es una buena noticia, pero, de la manera como se dio las autoridades quedaron en una posición casi ridícula, porque el nivel de coordinación entre ellas es casi nulo; la gente no sabe qué cambia y cómo le beneficia”.

Coordinación es una de las palabras clave del asunto: que las autoridades migratorias, viales, comerciales, judiciales y policiales de ambos países estén en la misma página para que el puente y la frontera funcionen bien.

Son muchos desafíos pendientes. Ya hay vuelos comerciales entre Bogotá y Caracas, por ejemplo, pero son limitados y costosos. El restablecimiento de las relaciones está en marcha, pero va lento.

Acá resumimos tres de los desafíos más importantes tras la reapertura fronteriza.

Una cosa es que el puente Atanasio Girardot esté abierto y otra, que el paso por el mismo sea eficiente.

Mucho depende de las pautas que establezcan las autoridades para transitar, las cuales no están del todo claras.

Los gobiernos dieron plazo hasta el 9 de enero para que los autos particulares pasen sin restricciones, pero desde entonces se espera que deban cumplir una serie de requisitos.

Los automóviles venezolanos en Colombia tendrán que acogerse al sistema de restricción vehicular conocido como “pico y placa”.

Los autos tendrán que pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia y la Póliza de Seguro de Responsabilidad en Venezuela.

No está claro, sin embargo, si los venezolanos podrán echar gasolina en las estaciones colombianas, donde hay un abastecimiento mucho mayor al que hay en Venezuela y en ciertos casos proveen combustible a precio subsidiado.

En el Atanasio Girardot todavía no hay estación de policía, los vehículos de transporte público no están permitidos y en los otros dos puentes de la zona, el Francisco de Paula Santander y el Simón Bolívar, aún no hay paso libre para automóviles.

Más allá de los pasos por los puentes, la reapertura de la frontera implica desafíos en otros temas quizá más complejos.

Por ejemplo, el estatuto bajo el cual se rigen quienes pasan de un lado a otro casi todos los días: la llamada migración pendular.

Existe una Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para los venezolanos que van a Colombia. Pero del lado venezolano no hay tal cosa.

Rodríguez, desde Bogotá, explica: “Esa tarjeta, que tienen 4.9 millones de venezolanos, se creó en 2016 para administrar los flujos, pero no es un documento de identidad y eso genera problemas, porque no les permite recibir servicios de salud o educativos en Colombia de manera formal”.

Solo en Norte de Santander, el departamento fronterizo más importante, entre 2017 y 2022 los servicios de salud atendieron a más de dos millones de personas que venían de Venezuela, según cifras oficiales.

Pero, como lo hicieron de manera informal y sin que el sistema colombiano los contemplara, fue un servicio deficiente.

Lo mismo ocurre con la educación.

“Hay que generar instrumentos para que los niños venezolanos de la frontera puedan ir al colegio en Colombia sin tener que mentir [alegando que viven en Colombia] y evitar que incurran en una contravención”, dice Rodríguez.

El Observatorio del Rosario estima, basado en reportes oficiales, que en 2021 al menos 5.000 niños que vivían en Venezuela fueron a la escuela en Colombia. Con la frontera cerrada.

Y también hay que regular los servicios financieros, puesto que la TMF no les da derechos a los venezolanos que vienen a Colombia a abrir una cuenta de banco, obligándolos a recurrir a la informalidad.

Y tampoco pueden sacar una línea de celular colombiana.

El gran desafío de Bogotá y Caracas es volver a los números de comercio bilateral de hace 10 o 15 años, según los expertos consultados.

En 2008, por ejemplo, el intercambio comercial entre ambos países fue de US$7.200 millones y el promedio anual era aproximadamente de US$2.300 millones anuales.

En 2021 la cifra se situó en US$300 millones, la más baja de la historia reciente. Y en 2022, tras la apertura parcial de la frontera el 26 de septiembre, subió a casi US$800 millones en todo el año.

El ministro de Comercio colombiano, Germán Umaña, ha dicho que el objetivo es que la cifra se duplique para 2023 y desde entonces siga una senda ascendente.

Un análisis de la Universidad Nacional de Colombia estimó que la apertura del puente Atanasio Girardot puede aportar US$300 millones al intercambio binacional.

Pero hay varios obstáculos: Colombia y Venezuela no tienen amplios tratados de intercambio comercial, hay requisitos sanitarios y aduaneros que no están claros y, quizá más importante, Venezuela no es parte de la Comunidad Andina (CAN), una corporación que facilita las exportaciones entre países de la región.

“Sin la CAN la reactivación del comercio internacional va a ser muy difícil y habrá que ver cómo reaccionan los actores que dominan el área”, asegura Rodríguez.

Y es que funcionarios colombianos han dicho que durante el cierre de la frontera la cantidad de grupos armados presentes en la zona se multiplicó.

Y, por ende, aumentó la incidencia que dichos grupos tuvieron en las economías legales e ilegales, según han reportado centros de estudio especializados como Crisis Group.

El reto de las autoridades es quitarles esos negocios. Ese es el desafío más grande.