En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, y jamás se supo de ellos.
Desde entonces han pasado ocho años y la polémica continúa retumbando ante acusaciones de impunidad, corrupción y vínculos al narcotráfico en el crimen.
Mira: México: ordenan la detención de 64 militares, tropa y policías por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
A la desaparición de los 43 se le conoce como el caso Ayotzinapa y es uno de los escándalos más mediáticos en la violenta historia del país.
Las últimas investigaciones lanzadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo califican como “crimen de Estado” e implican a funcionarios del “más alto nivel del gobierno” en el delito.
BBC Mundo te explica el caso y sus últimas consecuencias en cuatro preguntas.
1. ¿Cómo se produjo la desaparición de los estudiantes?
El estado de Guerrero, y en particular la ciudad de Iguala, es una zona clave en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. Esto ha hecho que los enfrentamientos y colusión de intereses entre grupos delictivos e instituciones hayan sido frecuentes en las últimas décadas.
La Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, por otra parte, tiene una larga tradición de lucha social y suele albergar a estudiantes de pocos recursos de las zonas marginadas del estado de Guerrero y otras regiones del país.
Esta escuela fue elegida en 2014 como sede para organizar una movilización a Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre de 2014, en conmemoración de la matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968.
La última versión del gobierno indica que el 26 de septiembre decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años se trasladaron a Iguala para hacerse con autobuses que pudieran llevarles días después a la capital.
La policía municipal recibió reportes de supuestos secuestros de autobuses y altercados protagonizados por los estudiantes. Entonces se produjo la confrontación y agentes dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes.
En apoyo a los municipales de Iguala también acudieron policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco.
Dos alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura al día siguiente.
Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados después, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes.
Solo los restos de tres de ellos han sido identificados.
2. ¿Qué decía la primera versión del caso, conocida como “verdad histórica”?
Según la primera versión oficial de entonces, divulgada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo a esta versión, miembros de Guerreros Unidos confundieron a los jóvenes con integrantes de los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero.
La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y el jefe de investigación Tomás Zerón.
Esta versión, titulada como “verdad histórica”, apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.
Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión y fueron acusados por el exfiscal Murillo Karam de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales.
Sin embargo, esta “verdad histórica” fue puesta en duda desde el comienzo por familiares de víctimas, organismos nacionales e internacionales y la administración de AMLO que arrancó en 2018.
3. ¿Por qué la “verdad histórica” fue cancelada?
La versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación.
Y organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que la “verdad histórica” no había “atendido adecuadamente la línea de investigación”, demostrando la existencia de “una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano”.
Desde el inicio de su mandato en 2018, AMLO se comprometió a “encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes” y a los pocos días anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ).
En julio de 2020 la “verdad histórica” fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Entre ellos, el jefe de la investigación Tomás Zerón, quien se encuentra fuera de México.
Contra algunas de estas personas existían elementos para presumir alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa, dijo entonces el fiscal Gertz.
Pero en los casi seis años de la desaparición hasta entonces, los expedientes no se habían procesado.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR”, dijo el fiscal Gertz Manero.
Ya en esta nueva etapa se descartó por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados.
4. ¿Qué dice el nuevo informe sobre el caso?
Las conclusiones preliminares de la CVAJ fueron finalmente presentadas este jueves 18 de agosto por Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos del actual gobierno.
El informe estableció que en el crimen “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
“La creación de la 'verdad histórica' fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, dice el informe de la CVAJ.
Las primeras consecuencias no se hicieron esperar y este viernes detuvieron en México al exfiscal de la República Jesús Murillo Karam “por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa”.
Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
Veintiséis personas clave vinculadas han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.
Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó “un crimen de Estado”, el informe también apunta que:
El resto de conclusiones y más detalles del informe fueron publicados en los canales oficiales del gobierno de México.
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