La nueva modalidad de los cárteles mexicanos para extorsionar a los migrantes en la frontera con Estados Unidos

A Laura le pareció extraño que hombres vestidos de policía y de paisano los apuntaran con sus teléfonos al salir del avión, como si estuvieran haciendo videos de ella, su esposo, su hija de 3 años y el resto de los pasajeros.

Pero no era el momento de distraerse con temores. Por fin habían logrado llegar a la frontera norte de México y llevaban lo más importante: su cita programada con las autoridades migratorias de Estados Unidos impresa en un papel.

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La familia venezolana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl en Nuevo Laredo a la 1:00 de la tarde de un día que prefiere no revelar. La cita estaba prevista para la jornada siguiente, a las 8:30 de la mañana, en el puesto migratorio del Puente Internacional de Las Américas, que conecta a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, con la ciudad de Laredo en Texas.

Laura, su esposo y su hija estaban a escasos 13 kilómetros y a menos de 24 horas de cruzar legalmente a Estados Unidos.

Laura se sentía orgullosa. A diferencia de miles de compatriotas venezolanos que intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular, ella y su esposo habían logrado seguir las reglas y concertar una cita por medio de la aplicación CBP One.

En octubre de 2020, el gobierno estadounidense habilitó este mecanismo para gestionar el ingreso de los migrantes por la frontera sur a través de los estados de Arizona, California y Texas.

Dos años después, la afluencia de venezolanos era tan masiva que el gobierno del presidente Joe Biden prohibió su ingreso irregular por la frontera con México y creó un mecanismo para recibir a 24.000 venezolanos patrocinados por familiares en Estados Unidos.

El cierre de la frontera se extendió luego a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Todos debían tramitar la cita a través de CBP One, aunque muchos se quejaban de que el sistema estaba tan congestionado que tardaban semanas en lograr una entrevista con un agente migratorio.

Estados Unidos registró casi 2,5 millones de detenciones en la frontera sur durante el año fiscal de 2023, una cifra inédita para un flujo de migrantes que acumuló estadísticas récord durante los dos años anteriores.

La pareja intentó tomar un taxi dentro del aeropuerto de Nuevo Laredo, pero los conductores se negaron a llevarlos porque eran extranjeros. Laura pidió una carrera por la aplicación de taxi Didi, siguiendo la recomendación de otros conocidos venezolanos que tuvieron la cita en Nuevo Laredo y advertían que era una ciudad peligrosa.

Aunque no les gustaba la idea, los venezolanos caminaron fuera de los predios de la terminal aérea para abordar el auto. El ingreso al aeropuerto de taxis ajenos a las líneas internas está prohibido.

Cuando ya en el auto se detuvieron en un semáforo, poco antes de llegar a un puente, un auto gris los bloqueó desde el carril derecho y se bajaron dos hombres jóvenes, con tatuajes en el cuello y las manos.

“¿Para dónde van? ¿De dónde son ustedes?”, preguntó uno de los hombres, mientras el otro vigilaba la luz del semáforo. “Venimos de Ciudad México, venimos de visita”, recuerda Laura que respondió mientras abrazaba a su hija.

“Mi acento venezolano nos delató, de inmediato se dieron cuenta de que no éramos de allí”, cuenta a BBC Mundo la mujer de 33 años desde un refugio de migrantes en el norte de México, donde pidió el resguardo de su verdadera identidad y la de su familia por temor a represalias.

La luz del semáforo cambió a verde. Los vehículos comenzaron a moverse mientras ellos permanecían detenidos. Nadie tocó la bocina, nadie intervino. Uno de los hombres le ordenó al taxista que cruzara a la izquierda en la siguiente esquina.

“¡Por favor, no se pare! Sáquenos de aquí”, recuerda Laura que le dijo al conductor, mientras su esposo miraba hacia atrás para confirmar que los seguían.

“Discúlpenme, no puedo hacer nada. Después arremeten contra mí”, contestó el chofer.

Ella comenzó a llorar, recordó a los hombres que les hicieron videos al abandonar el avión en el aeropuerto. “Me dio una crisis. Empecé a gritar, pensé en tirarme del carro con la niña, pero no quería lastimarla”.

Su esposo cuenta que tuvo la misma idea, pero el auto gris los alcanzó antes de que la pareja tuviera tiempo de acordar una estrategia para salir de aquella trampa.

Estados Unidos se convirtió en un sueño forzado por las circunstancias.

Laura y su esposo cuentan que eran empleados públicos en Maracaibo, la ciudad más poblada del occidente de Venezuela. Cuando sus sueldos dejaron de alcanzarles para vivir, juntaron sus ahorros y abrieron un negocio de venta de accesorios para teléfonos móviles.

La pareja comenzó a recibir amenazas de extorsión. Hombres que decían llamar desde “la cárcel” pedían una “vacuna” (extorsión) de US$200 semanales. Inicialmente el negocio no generaba ni la mitad en ganancias, así que la pareja dejó de contestar las llamadas e ignoró los mensajes de texto.

Todos los días les advertían que si no pagaban, se iban a arrepentir.

Un lunes por la mañana, Laura llegó a la tienda y descubrió orificios de disparos en la puerta. “Aunque no era nuestro plan, ese día decidimos irnos a Estados Unidos”.

Más de 7,7 millones de personas han emigrado de Venezuela desde 2015, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, con el fin de escapar de la crisis económica, la falta de servicios básicos, la violencia y la persecución política.

“Viajamos durante un mes, nos fuimos por tierra desde Venezuela hasta México”, cuenta Laura desde un salón apartado en el refugio de migrantes donde la familia se aloja temporalmente, el único lugar donde la pareja accedió a contar su testimonio para evitar el riesgo de ser escuchados.

“Vimos muertos boca abajo en los ríos del Darién, mientras se los comían los zamuros (aves de rapiña)”, afirma Laura bajando la voz frente a su hija, que da brincos mientras juega por la sala. “Cuando estábamos en la selva, unos hombres armados nos detuvieron y nos pidieron ‘colaboración’, pero no teníamos el dinero que pedían”.

“Nos apuntaron con armas y registraron nuestras mochilas. No nos hicieron más nada porque logramos huir en un momento en el que estaban distraídos revisando a otros migrantes”, explica el esposo de Laura.

El gobierno panameño reportó que más de 520.000 migrantes cruzaron la espesa selva del Tapón del Darién durante 2023 en su tránsito hacia Estados Unidos, la mayor cifra registrada en los últimos años. 63% eran venezolanos.

Cumpliendo la orden dada, el taxista de Nuevo Laredo giró a la izquierda y se detuvo en una calle más solitaria que la avenida principal. Los hombres volvieron a bajarse del auto gris y llamaron a las ventanas.

“Bájense que les vamos a hacer una revisión”, dijo uno de ellos. Laura se negó y le ordenó al taxista que mantuviera las puertas cerradas.

“Nosotros estamos sin armas, pero los que van a venir sí tienen armas y van a tomar cartas en el asunto”, amenazó uno de los hombres, según recuerda Laura. “Nos dijeron que era mejor que nos montáramos por las buenas para que los otros no vinieran porque se iban a molestar”.

La familia abordó el auto gris y los hombres pidieron los celulares y las claves de acceso. Laura entregó el suyo, era el único teléfono que tenían. Los hombres armados del Darién se habían quedado con el de su esposo.

Los venezolanos fueron trasladados a un hotel abandonado. Al entrar, Laura vio un revólver 38 sobre un mueble que alguna vez fue la recepción.

Luego los condujeron a una habitación donde había más de 15 personas. Laura y su esposo los reconocieron a todos: eran pasajeros del avión en el que llegaron a Nuevo Laredo desde Ciudad de México.

Los hombres les pidieron el papel de la cita para verificar que aquel era el verdadero motivo de su presencia en Nuevo Laredo. A Laura y a su esposo les preguntaron sus nombres y apellidos y les tomaron fotos con la niña.

Mientras esperaban instrucciones de sus captores, la pareja descubrió que en aquella habitación había colombianos, cubanos, ecuatorianos, hondureños y mexicanos.

“Al rato apareció un hombre que nos dijo: ‘Tienen que buscar US$800 por persona para que puedan salir. Si no nos dan el dinero, no van a su cita’”, cuenta Laura.

Los sacaron a todos de aquella habitación y los hicieron abordar varios vehículos y camionetas a toda prisa. La pareja asegura que ningún auto tenía placa. En el camino vieron hombres con radiotransmisores en las calles.

“El muchacho que conducía la camioneta en la que íbamos se detuvo en un sitio y le dijo a un tipo que le diera dos. Miré disimuladamente y vi que el hombre estaba armado y le entregó dos bolsitas de droga”.

Los venezolanos fueron trasladados a una casa humilde y estrecha, donde había un pozo séptico cerca de la sala donde estaban los secuestrados. “El hedor del pozo se filtraba por todas partes. Había unas 15 personas, entre cubanos, mexicanos, hondureños y guatemaltecos”, detalla Laura.

La pareja recuerda que separaron a las mujeres de los hombres. Mantenían a los mexicanos apartados de otras nacionalidades. Laura dice que un hombre mayor que los custodios, vestido con una chaqueta y una gorra, tomó la palabra y se dirigió a ellos como si fuera el jefe:

“Nosotros somos del Cartel de los Zetas. Tengan cita o no tengan cita, ustedes no tienen derecho a estar aquí. Por eso tienen que pagar por el suelo que están pisando. El suelo de Nuevo Laredo cuesta US$20.000 pesos’”.

El Cartel de los Zetas surgió a finales de los 90 como un grupo élite que desertó del Ejército mexicano y se convirtió en un brazo armado del Cartel del Golfo. Sus hombres eran sicarios, guardaespaldas y transportistas, explica Insight Crime, una organización dedicada a la investigación del crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina.

Con el tiempo, el grupo se separó del Cartel del Golfo y se convirtió en “el grupo paramilitar más tecnológicamente avanzado, sofisticado y violento” de México, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), conocido por usar el miedo en lugar de la corrupción como mecanismo de dominación en sus territorios, precisa Insight Crime.

En el año 2010, hombres del Cartel de los Zetas asesinaron a tiros a 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que viajaban en un autobús por una carretera de Tamaulipas, en una de las peores masacres de migrantes registradas en la historia de México.

Laura y su esposo hicieron cuentas: 20.000 pesos equivalían a cerca de US$1.200 dólares por persona, US$400 más que el monto que les dieron inicialmente por cada uno.

“Para las personas que tengan su chingada cita: si no nos pagan, lamentablemente van a perderla y los vamos a devolver”, cuenta Laura que dijo el hombre.

Les entregaron sus teléfonos para que contactaran a familiares y amigos que pudieran hacer transferencias para ayudarlos. Pero antes, el hombre les advirtió que no intentaran enviar la localización del lugar donde estaban.

“No pierdan el tiempo, aquí nadie los va a ayudar. En Nuevo Laredo mandamos nosotros”.

Aunque sabía que no tenía dinero, Laura le contó a su madre lo que estaba pasando. “Nos secuestraron y nos están extorsionando con la cita de Migración”.

Su madre se puso muy nerviosa, ofreció empeñar el único bien que tenía: su casa en Maracaibo. Laura agradeció el gesto, pero no había tiempo para eso. La pareja le escribió a otros parientes, pero nadie tenía dinero para hacerles un préstamo.

Esa noche no pudieron dormir. Les ofrecieron comida, pero no probaron bocado. Laura se alegró de que los hombres no mostraran armas mientras los custodiaban. Aunque su hija parecía ser muy pequeña para entender lo que estaba pasando, no quería que sintiera miedo.

“En ese punto ya no importaba la cita. Lo que más nos preocupaba era que no le hicieran daño a la niña y que pudiéramos salir con vida”, dice el esposo de Laura.

Escucharon que a los mexicanos que intentaban cruzar la frontera por Nuevo Laredo les pedían entre US$10.000 y US$20.000 dólares. Y que no los soltaban hasta que pagaran. Uno de los mexicanos secuestrados les contó que llevaba más de un mes en aquella casa.

Al día siguiente, impregnada por el hedor del pozo séptico, Laura miró en la pantalla de su teléfono móvil cómo avanzaba el tiempo: 7:30, 8:00, 8:30 de la mañana. Pasó la hora de la cita, habían perdido la oportunidad de entrar legalmente en Estados Unidos.

Gracias a transferencias de parientes que tenían en Estados Unidos, una familia cubana logró pagar US$9.600 en menos de 24 horas: US$1.200 por cada uno de los ocho miembros. Los hombres que los secuestraron ofrecieron llevarlos hasta el Puente Internacional de Las Américas para garantizar que llegaran a tiempo a la cita.

Después del mediodía, uno de los hombres le pidió a Laura el teléfono para revisarlo. “Leyó todos los chats y comprobó que no teníamos a nadie que nos apoyara económicamente”.

Antes de desalojarlos de la casa bajo el argumento de que necesitaban el espacio para otras personas, los hombres le hicieron un video a la pareja, con la niña en brazos, y les obligaron a decir que estaban bien y que no les habían hecho daño.

“En ese momento pensamos que estaban buscando una prueba para eliminar su responsabilidad y que luego nos iban a matar”, recuerda Laura.

A la familia venezolana y a otros migrantes que no pagaron y perdieron su cita aquel día los llevaron a un terminal de autobuses. Mientras los obligaban a abordar uno con destino a la ciudad de Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León, volvieron a tomarles fotos y les dijeron que no se molestaran en denunciar a la policía.

“No vuelvan a pisar Nuevo Laredo. Recuerden: aquí mandamos nosotros”.

Los coordinadores de varios albergues de migrantes en el norte de México confirmaron haber escuchado la misma historia en boca de otros migrantes que también fueron secuestrados en Tamaulipas por el Cartel de los Zetas.

En un informe sobre delitos perpetrados contra migrantes, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México reportó que 540 personas denunciaron haber sido víctimas de algún delito en su tránsito por México hacia Estados Unidos durante 2023. Casi la mitad eran centroamericanos.

La mayoría dijo haber sido víctima de tráfico ilícito de personas y robo. Un 10% denunció secuestros. El estado de Tamaulipas, donde Laura y su familia fueron capturados, no figura en la estadística oficial del último año y el documento no ofrece detalles sobre la responsabilidad de los carteles en estos crímenes.

A principios de enero, 31 migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas. “Los tenían en un sitio y como se dio un despliegue importante en la zona, pues había mucho gobierno, decidieron dejarlos libres”, contó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Consultado en rueda de prensa sobre el grupo que los capturó, el mandatario dijo que era “una investigación que continúa”. “Por lo pronto, celebremos que aparecieron con vida”.

La mayoría de los secuestrados eran venezolanos.

BBC Mundo consultó con varias instancias del Estado mexicano sobre el papel del Cartel de los Zetas en las denuncias de secuestros y extorsiones contra migrantes en el estado de Tamaulipas, pero no obtuvo respuesta hasta la fecha de publicación de esta historia.

Desde un refugio de migrantes en el norte de México, cada día Laura y su esposo intentan concertar una nueva cita en la aplicación CBP One, en cualquier lugar que no sea Nuevo Laredo. Hasta el momento no lo han conseguido.