El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viene pidiendo desde hace meses a Israel la extradición de Tomás Zerón, quien fuera director de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal.
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¿Por qué? El año pasado, Zerón se fugó porque se lo acusaba de “tortura, desaparición forzada, ocultamiento y pérdida de pruebas” en el Caso Ayotzinapa.
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Él niega los cargos y acusa al gobierno de persecución política.
¿El caso Ayotzinapa?
El 26 de setiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, viajó a Iguala, en el estado de Guerrero. Su objetivo: hacerse de buses para viajar y ser parte de la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco de 1968.
Se trataba, sin embargo, de una práctica habitual en el lugar, una suerte de acuerdo tácito entre las autoridades y la población, según apunta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Pero esa noche la situación se salió de control: la policía disparó contra ellos, y 43 fueron detenidos. Y luego desaparecieron.
Esa noche, según la ONG, “más de 180 personas fueran víctimas directas de violaciones a derechos humanos”.
La institución explica:
“El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje deshabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud”.
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UNA PÉSIMA INVESTIGACIÓN
Tomás Zerón fue designado como el responsable de esclarecer los hechos sucedidos en Ayotzinapa. Como jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se abocó a la pesquisa.
Y con ella, sus malos manejos.
Según la BBC, se trabajó sobre la teoría de que los policías que asesinaron a los estudiantes estaban “al servicio del cartel de los Guerreros Unidos”.
Infobae sostiene que esa fue la versión (que los estudiantes fueron entregados “al crimen organizado, que los asesinó e incineró sus cuerpos”) que compartió el gobierno de Enrique Peña Nieto, mandatario mexicano de entonces, y a la que se le denominó “verdad histórica”.
Se supo que era mentira cuando, meses más tarde, se “identificó al primer estudiante a través de un hueso”. Y en un nuevo revés, más tarde, “la actual fiscalía confirmó que se hallazgo fue ‘un montaje’”.
Quizás por ello, Zerón se habría tomado “ciertas licencias”.
“Milenio” recogió sus pasos:
“Durante el interrogatorio y tortura del detenido FRS, alias El Cepillo, a quien presentó como líder del grupo que asesinó e incineró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Tomás Zerón [...] utilizó videos de las declaraciones hechas dos meses antes por otros acusados para conseguir que el testigo hiciera coincidir su testimonio con los de otros supuestos integrantes de Guerreros Unidos”.
En los videos, dice “Milenio”, se ve a los imputados “con los ojos vendados y oídos vendados, lo cual constituye ‘privación sensorial’ o ‘tortura blanca’”.
Y no fue la única irregularidad.
La “BBC” agrega:
“Zerón había quedado en una posición incómoda luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [...] aseguró [...] que el funcionario había estado en el lugar donde se encontraron bolsas de plástico con fragmentos óseos un día antes de que fueran halladas, pero no había quedado constancia oficial de su visita”.
LA HUIDA DEL PAÍS
Cuando todo esto salió a la luz, se pidió su remoción del cargo. Él renunció y en junio del 2020, salió del país.
“El Heraldo” anota que, incluso en su fuga, hay irregularidades. Cuenta el medio que, desde marzo de ese año, había una orden de detención. Zerón se consiguió un amparo y se fue.
El medio anota:
“De acuerdo con la información obtenida por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), se acusó a Zerón de haber violado el debido proceso, luego de que alterara la evidencia del caso, además de sembrar osamentas en el Río San Juan, ubicado en Cocula, Guerrero”.
Y agrega:
“Debido a estas alteraciones, la PGR detuvo a diversos funcionarios de manera inconsistente. Por otro lado, también se señaló que durante este proceso hubo detenciones arbitrarias, torturas, violaciones al procedimiento y ocultamiento de pruebas suficientes sobre el caso”.
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