Cuando los talibanes llegaron a Kabul (Afganistán) el pasado 15 de agosto, los directivos de la cadena afgana privada Tolo News tenían dos opciones: o seguir en antena o apagar la señal.
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Al final, ganó la primera pero, como hacen el resto de emisoras de radio y de canales de televisión del país, Tolo News avanza dando palos de ciego, en medio de un cúmulo de incertidumbres y de miedos frente a las intenciones de los nuevos gobernantes de Afganistán.
La prensa afgana no ha olvidado ni las amenazas ni los asesinatos de periodistas que marcaron el ritmo de los veinte años de insurrección del movimiento islamista desde que este fuera expulsado del poder en 2001, derrocado por una coalición encabezada por Estados Unidos.
El recuerdo del primer mandato talibán (1996-2001) está aún muy vivo en la memoria. En aquel entonces, tanto la televisión como la mayoría de entretenimientos estaban prohibidos.
La vuelta al poder de los talibanes “nos ha puesto en una situación muy muy difícil”, admitió Lotfullah Najafizada, director de Tolo News, con quien la AFP contactó por teléfono. “Como servicio de información que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no hemos tenido ni una hora para hacer una pausa y reflexionar”.
Al final, se decidió permanecer en antena porque Tolo tiene el deber de cubrir al actualidad, explicó, pero también porque habría sido “casi imposible” negociar con los talibanes una reanudación de la programación si esta última hubiera sido suspendida.
Desde que se hizo con las riendas del país, el movimiento islamista, que pretende dar una imagen más moderada para intentar tranquilizar a la comunidad internacional y a la población, ha pedido a los medios afganos que sigan trabajando como lo venían haciendo.
En señal de apertura, un responsable talibán aceptó responder, el pasado 17 de agosto, a las preguntas de una periodista, Behishta Arghand, en directo en el plató de Tolo News.
“Tenemos miedo”
Unos gestos y declaraciones que, sin embargo, no acaban de convencer. En una muestra de la desconfianza y el miedo que se van arraigando, Behishta Arghand ha huido a Catar, temiendo por su vida.
“Tenemos miedo, seré honesto con ustedes, estamos muy nerviosos”, declaró Saad Mohseni, presidente de Moby Group, empresa matriz de Tolo, al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), desde Dubái.
“Todos pasamos noches sin dormir pero nuestra situación no dista tanto de la que viven nuestros telespectadores”, añadió.
Sobre el terreno, la situación ha empeorado en las últimas semanas para los periodistas, sobre todo las mujeres, que quedaron excluidas del espacio público, del acceso a la educación y del empleo bajo el anterior régimen talibán.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el número de mujeres periodistas que trabajan en Kabul pasó de 700 el año pasado a menos cien.
La situación también es crítica en el resto del país. Un centenar de medios locales privados cesaron su actividad tras la llegada de los talibanes, según RSF.
Además, el regreso al gobierno de los talibanes podría frenar el crecimiento exponencial de los medios independientes afganos que se había observado durante los últimos veinte años.
Desde 2001, han visto la luz más de 160 emisoras de radio y decenas de cadenas de televisión gracias a la ayuda internacional y la inversión privada.
En los últimos años, la población pudo ver programas que habrían estado prohibidos durante el régimen talibán, como emisiones de telerrealidad musical o debates políticos durante las últimas presidenciales.
De momento, las nuevas autoridades afganas no han anunciado ninguna normativa al respecto. Pero el presidente de Moby Group advirtió que cualquier prohibición de que las mujeres periodistas ejerzan su labor o la instauración de cualquier tipo de censura constituyen una “línea roja” para su compañía.
Por lo pronto, la empresa deberá encontrar nuevos reporteros para sustituir a los que abandonaron el país, por miedo a las represalias, en los días que siguieron a la caída de Kabul.
“Lo que es triste es perder tanto talento, ver a una generación de personas en las que habíamos invertido, que habrían podido hacer mucho por el país, obligadas a irse”, subrayó Saad Mohseni al CPJ. “Por desgracia, necesitaremos dos décadas más para compensar esta fuga de cerebros”.
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