“¡No estás embarazada!”: Deiglis respira aliviada al escuchar la noticia. Tiene 17 años y ya es madre de una bebé de cinco meses. Otro hijo no está en sus planes pero no tiene dinero para comprar anticonceptivos, impagables para la mayoría en Venezuela.
El embarazo precoz en este país viene de la mano de la pobreza, disparada por la crisis. En barriadas y pueblos rurales es cada vez más común ante la ausencia de educación sexual y reproductiva, y mucho menos dotación pública de métodos de contracepción.
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Deiglis, por ejemplo, tomó tres buses para llegar al ambulatorio de la ONG Médicos Sin Fronteras en la localidad de Vidoño (Azoátegui, este) para recibir de forma gratuita un implante hormonal subcutáneo, que la protege de otro embarazo por cinco años.
“No tengo dinero para comprar uno, es muy caro”, dice a la AFP esta chica entre dientes -el tratamiento cuesta en el mercado 10 dólares, cuatro veces el sueldo mínimo.
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El ambulatorio “Amigos para la salud”, manejado en su totalidad por MSF, se enfoca principalmente en jóvenes vulnerables como Deiglis.
“Disponemos de cinco métodos anticonceptivos: condón femenino, condón masculino, tabletas combinadas, inyecciones de progesterona y los implantes, que tienen una duración de cinco años”, detalla Lucía Brum, referente médica de MSF.
“Bastantes adolescentes”
Para recibir el dispositivo, Deiglis se somete a una prueba rápida para descartar un nuevo embarazo.
Es un requisito obligatorio porque en Venezuela el aborto es ilegal y solo está permitido si es indispensable para salvar la vida de la madre. Las penas por esta práctica van de seis meses a dos años de prisión.
“¿Tu última relación sexual fue con o sin protección?”, pregunta la enfermera Érika Fernández con tono maternal mientras toma la historia de Deiglis, que responde en voz baja.
“Es fuerte, me impresiona mucho las menores de edad”, dice la enfermera de 41 años, que no puede contener las lágrimas cuando habla de las niñas embarazadas que acuden a este ambulatorio, construido sobre una pequeña colina rodeada de árboles frutales.
“Son tratamientos sumamente costosos, la gran mayoría que nos llega nos refieren que no tienen dinero para comprar ningún tratamiento de estos”, explica.
El poder adquisitivo se desvaneció en Venezuela, país que transita su octavo año de recesión y cuarto de hiperinflación, donde el dólar se ha impuesto como moneda de facto.
Una caja de tabletas anticonceptivas oscila entre 10 y 25 dólares, mientras que una inyección ronda los 11 dólares, montos a los que muchos no llegan con el trabajo de un mes.
“O como o compro mi método anticonceptivo”, dice María Caraballo, una maestra de secundaria de 26 años, madre de un bebé de ocho meses y que recibe una inyección cada tres meses para evitar una nueva concepción.
En su aula, cuenta, ha visto “bastantes adolescentes de 13, 14 años embarazadas”. “A muchos padres les da pena sentarse a hablar con sus hijos”, sostiene Caraballo, que además de la inyección recibe cuatro preservativos para su esposo.
Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), sostiene que un sondeo hecho entre octubre y diciembre de 2020 por la ONG reveló que un 60% de las niñas encuestadas respondió que su información sobre métodos anticonceptivos “era nula”.
“Mucha ayuda”
El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que existe un “problema” con el embarazo precoz, aunque no se divulgan cifras oficiales sobre este fenómeno.
Un informe del Fondo de Población de la ONU, publicado en 2019 con datos oficiales, habla de 95 nacimientos por cada 1.000 de madres adolescentes de entre 15 y 19 años.
“Para 2019 se ubica como el tercer país con mayor tasa de fecundidad adolescente sólo detrás de Ecuador (111) y Honduras (103), y muy por encima del promedio regional (62)”, señala el texto.
Y la alarmante estadística responde principalmente a la falta de educación sexual, una constante en las jóvenes que atiende la enfermera Fernández, quien viste guantes, tapaboca, bata y gorro quirúrgicos para protegerse del covid-19.
De las más de 10.082 consultas de salud sexual y reproductiva atendidas por “Amigos para la salud” en 2020, 30% involucraron a adolescentes.
Las embarazadas adolescentes “requieren de mucha ayuda”, explica. “Tengo que pasar a su madre” a la consulta, “se orienta a la mamá y la hija”.
El ambulatorio a veces no se da abasto con los pacientes que llegan de poblaciones vecinas, prueba de los problemas de atención en el sistema público de salud, colapsado por la pandemia.
“Cerca de donde yo vivo no atendían mucho a las embarazadas”, señala Deiglis, que llegó a “Amigos para la salud” por recomendación de amigas y sale ya con su implante. “No hay trabajo para mantener a otro niño”.
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