Nos hemos acostumbrado. Colas interminables por pruebas moleculares, problemas por escasez de pasaportes y ni qué decir de la falta de otros servicios públicos básicos. Es nuestro día a día. Toda la disfuncionalidad del país expresada en imágenes y realidades chocantes.
Ayer, coincidentemente, “Gestión” reportó un estudio del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que señalaba los principales cinco riesgos que afrontará el Perú en el 2022. El primero es “el colapso del Estado”, asociado a un conflicto interno, la ruptura del Estado de derecho, la erosión de las instituciones, un golpe militar y/o la inestabilidad regional o global. Nada que no veamos o podamos proyectar.
Por supuesto, los otros cuatro riesgos –el estancamiento económico prolongado, la crisis del empleo, la desigualdad digital y el daño ambiental e ilegalidad– no dejan de ser importantes; todos existen y tienden a agravarse.
Tomando en cuenta el primero de ellos, al que he aludido antes en esta columna como el principal problema estructural del país y causa del resquebrajamiento del sistema democrático, no deja de ser escalofriante la indolencia que muestran todos los actores políticos e incluso la sociedad civil.
Cuando un paciente médico sufre un colapso en todo o parte de su cuerpo, genera de inmediato una atención de emergencia y los profesionales agotan todas las opciones para estabilizarlo. El paciente llamado Estado Peruano viene convulsionando. Pero sucede que los llamados a buscar soluciones y a intervenir siguen de espaldas y no se escuchan, solo se gritan y pretenden asegurarse la parte que creen que les corresponde.
Peor aun, la fragmentación política y la falta de amor por el país hacen posible que todo se agrave sin respuesta alguna. Las designaciones de personas no idóneas en el aparato estatal se multiplican. Proveedores privilegiados y cuestionados siguen recibiendo su premio. En entidades claves, como el Ministerio Público, deben pensar que somos subnormales y se burlan en nuestra cara.
Nos hemos convertido en un país de testigos. Nadie se hace cargo de nada. Y la oposición congresal, que debería liderar el control político e impedir que el latrocinio que sucede frente a nuestros ojos no ocurra, sigue en modo vacaciones y sin agenda común.
Todo indica que las mafias y los intereses ilegales han ganado la partida también en el Parlamento. Si no, no se entendería cómo Mirtha Vásquez, el titular del MTC, el del Interior y el de Energía y Minas (y me quedo corto por el espacio) siguen incólumes en sus puestos.
En paralelo, las autoridades que lideran algunas reformas elementales, como la educativa o la del transporte, claman por una reacción que no llega. Son los familiares del paciente que piden una cama UCI.
PD: Mi solidaridad con Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel.