Personalmente, no me gusta que nuestra democracia tenga que depender de lo que digan terceros países, más aún cuando se trata de potencias mundiales. No obstante, en el contexto en el cual nos encontramos, el hecho que Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá hayan tomado posición (tildando a nuestro proceso electoral de libre, justo, abierto, accesible, pacífico, democrático y un modelo para la región), constituye un espaldarazo para las autoridades electorales y el Gobierno Peruano, que en este momento debe ser el más preocupado por lo que puede suceder en el país.
Es evidente que ni Biden ni Trudeau son comunistas, y están muy bien informados de lo que sucede en el país. Tratándose de Estados Unidos, me parece sensato que exista una preocupación por lo que viene pasando en la región andina, y que el mejor camino para hacer frente a este tipo de escenarios de crisis política es recurriendo al dialogo y a la voluntad popular. Por eso es tan importante respetar los resultados de una elección. Chile estuvo a punto de explotar, Perú y Colombia están a punto de explotar, no se puede poner más leña al fuego.
Además, cabría señalar que, aunque Castillo puede generar temores en la administración estadounidense (como también los generó en su momento Toledo, García y Humala), me imagino que el Partido Demócrata no debe olvidar el fiasco que significó su alianza con el fujimorismo en los 90 al descubrirse la venta de armas a las FARC el 2000. Uno de sus aliados en materia de seguridad en América Latina, siendo participe de una ilegal transacción que terminaba sirviendo a los intereses de una organización terrorista que en ese momento era, probablemente, su principal enemigo en la región.
Ahora, una vez que el Jurando Nacional de Elecciones proclame al ganador, una de las principales críticas que tendrá el nuevo gobierno, será su reducida o poca legitimidad. Se va a cuestionar que gran parte de la población lo rechaza, su origen supuestamente violentista, la poca credibilidad de las autoridades que llevaron a cabo su proclamación, entre otras cosas. Por ello, tendrá un gran valor el reconocimiento que el próximo gobierno pueda tener a nivel internacional. Y, aunque el reconocimiento de gobiernos es un tema que suele politizarse, le brinda legitimidad al próximo presidente y, por tanto, un gran respaldo para poder gobernar.
A nivel regional, ya existen gobiernos que se encuentran apoyando abiertamente a Castillo, pero un actor que resulta fundamental es la Organización de los Estados Americanos (OEA). Como parte del trabajo que desarrolla en defensa de la democracia, esta organización internacional ha desplegado una Misión de Observación en el Perú. Hasta el momento, esta ha señalado que las elecciones peruanas han sido positivas sin graves irregularidades. Si bien su impacto es relativo, en otros países la OEA ha sido particularmente crítica. Así, el 2017 en Honduras recomendaron repetir el proceso electoral por la existencia de denuncias de “especial gravedad” y el 2019 en Bolivia afirmaron que se trató de un proceso electoral manipulado y con irregularidades. El Perú ha sido un caso totalmente opuesto.
Más bien, resulta curioso que, dadas las conclusiones de esta Misión de Observación, se pida al gobierno que solicite a la OEA llevar a cabo un auditoria a todo el proceso como ocurrió en Bolivia. El precedente que sentaría para futuras elecciones sería nefasto. Incluso, no deja de ser irónico que los mismos que solicitan dicha auditoría a la OEA, también cuestionan lo señalado por sus observadores. Por el contrario, si la crisis política se agrava y el desconocimiento del resultado de la reciente elección continua, el gobierno peruano puede, invocando la Carta Democrática Interamericana, solicitar a la OEA que asuma un mayor papel en el Perú. Sin embargo, todavía falta para llegar a ese punto límite, aunque no dudo que sea una opción cada vez más cercana.