La pandemia ha contribuido a crear un creciente consenso nacional sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para prevenir y enfrentar nuestros desafíos en salud pública, pero también en otros asuntos fundamentales para el bienestar y prosperidad del país. Por primera vez, el tema es parte del debate electoral. La creación de un ministerio es una de las propuestas que más ha llamado la atención. ¿Es esta la solución para revertir nuestro histórico desdén por el desarrollo del conocimiento y su puesta al servicio de nuestro progreso social y productivo?
La experiencia internacional indica que no hay un solo modelo institucional. Algunos países con liderazgo científico indiscutido tienen un ministerio, otros no. Los países que en las últimas décadas alcanzaron su desarrollo y hoy exportan productos de tecnología avanzada, lo hicieron no porque tuvieran un ministerio, sino por una significativa inversión de recursos públicos y privados, un marco institucional eficiente, integrado y flexible, y una voluntad política acompañada de una estrategia de largo plazo.
Según Juan Rogers, consultor del Banco Mundial para Concytec, una política pública exitosa en esta materia requiere un compromiso de las más altas autoridades, sostenido en el tiempo; generosos recursos para la investigación distribuidos adecuadamente con criterios meritocráticos y en función de prioridades nacionales claramente definidas, tanto en lo social como en lo productivo; una gobernanza flexible que articule e integre, bajo un ente rector fuerte, a ministerios, universidades y centros de investigación públicos y privados; y la simplificación de normas y procesos administrativos que obstaculizan el avance científico y tecnológico.
El último año y medio, Concytec y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, presidida hasta hace poco por el hoy presidente de la República, han venido trabajando en el diseño de una nueva gobernanza, que no contempla la creación de un ministerio. Sus componentes son los siguientes: un Concytec fortalecido como ente rector, encargado de políticas y planes; una Comisión Consultiva de alto nivel; una instancia de coordinación interministerial (la recientemente creada Comisión Multisectorial, que preside el Concytec); y dos agencias de implementación.
La primera agencia, Prociencia, financiará la formación de investigadores y el desarrollo del conocimiento en universidades e institutos públicos de investigación, mientras que la segunda, Proinnóvate, promoverá el trabajo conjunto de científicos y empresas en favor de la innovación en la actividad productiva. Esta nueva arquitectura institucional, que se nutre de múltiples estudios y busca articular nuestro precario y fragmentado sistema de ciencia y tecnología, está plasmada en un proyecto de ley que se encuentra para debate y aprobación del Congreso.
Sea que la ley se apruebe o que quede pendiente, el nuevo gobierno tendrá tres opciones: dejar las cosas como están, hacer suya la nueva gobernanza o crear un ministerio. Conviene pues, revisar los pros y contras de esta última decisión. Sin duda, el ministerio le otorgaría a la ciencia y la tecnología un estatus formal en la estructura del Poder Ejecutivo que de otra manera no tendría, un mayor poder de negociación presupuestal y un trato más horizontal con los otros ministerios.
Sin embargo, las desventajas no son desdeñables. Destacan la alta inestabilidad de el o la titular del ministerio, propia de todo ministro, con el efecto que ello tendría en la continuidad de la política pública, clave para su éxito. Se sacrificaría la naturaleza transversal de las actividades y políticas de ciencia y la tecnología, y, muy probablemente, los escasos recursos con que hoy se cuenta se irían en adecuar la estructura institucional a las exigencias de la ley del Poder Ejecutivo, en detrimento de la investigación científica. Toca a los candidatos definir la estructura institucional por la que optarán y los recursos que invertirán para acortar las grandes brechas que existen en esta área fundamental.