Una investigación periodística de “Cuarto poder” graficó con crudeza el poder corruptor de las economías ilegales que convierten a los puestos de control aduanero en la frontera con Bolivia en figuras nominales, sometidas al contrabando y al tráfico ilegal de bienes prohibidos. Cierto, estamos frente a un problema endémico, pero fue patético observar a un agente aduanero dar recomendaciones para que los vehículos de la zona fronteriza circulen por unos atajos ad hoc para eludir los controles formales.
En esta misma lógica, otra reciente investigación de El Comercio demostró que el puesto de control en el epicentro de la minería ilegal del norte (Pataz, La Libertad) se encuentra en una precariedad absoluta; su principal preocupación es llevar una contabilidad paralela de los camiones que trasladaban material aurífero extraído ilegalmente.
En situación similar se encuentran también los puestos de control que, en teoría, deberían evitar el desvío de insumos químicos que utiliza el narcotráfico.
Contrabando, oro ilegal y cocaína son las principales economías ilegales que cada vez tienen más poder político y económico. Ese poder se grafica en el bien calculado y controlado abandono de los mencionados puestos de control.
Hace poco, el que suscribe este artículo y un equipo de investigadores realizamos un estudio sobre la cadena de suministro y violencia en el contrabando de ropa usada y de cigarrillos en la frontera entre el Perú y Bolivia. Los resultados de este trabajo son significativos. Primero, empecemos recordando algunos conceptos básicos: el contrabando, en simple, significa la evasión de controles y tributos. Ello implica mercancías que tienen una partida arancelaria. Pero, como es lógico, solo tienen partidas arancelarias los productos legales. Así, no tendrán partidas arancelarias los bienes falsificados o prohibidos. Entonces, ¿por qué el ente rector de esta materia (Sunat) llama “contrabando” al tráfico de productos falsificados o prohibidos como, por ejemplo, los cigarrillos producidos ilegalmente y la ropa usada? En las redes sociales, la Sunat festeja haber evitado el “contrabando” de estos productos cuando, en realidad, estamos ante una figura de tráfico ilegal, con penas y naturaleza criminal diferente.
Segundo, este contrabando ya no es contrabando; es decir, ya no estamos frente a un ‘emprendedurismo’ que, para generar mayores ganancias, evita los controles. Ahora estamos frente a grandes estructuras del crimen organizado que comparten los mismos territorios y las mismas rutas para traficar desde Bolivia productos como mercurio, armas, explosivos, cigarrillos, etc., y que regresan desde el Perú cargados con oro ilegal, cocaína y dólares. A manera de ejemplo, Bolivia importa mercurio legalmente de China y Alemania. Un botellón podría costar US$300.000, pero este mismo producto en el Perú podría ser adquirido por el minero ilegal por hasta US$3 millones.
Tercero, un enorme volumen de productos de contrabando ingresan por los pasos fronterizos no habilitados o ilegales, por donde no solo circulan el contrabando clásico, sino principalmente otros productos ilegales (cigarrillos adulterados, cocaína, etc.). Lamentablemente, los gobiernos de turno se concentran, cuando lo hacen, solo en los controles aduaneros, en los puntos formales, pero se ha observado que el mayor volumen nunca pasa por Aduanas. ¿Sabía que 7 de cada 10 cigarrillos que se consume en nuestro país son de contrabando o falsos?
En consecuencia, es indispensable un componente de política criminal y de seguridad que complemente la fiscalización administrativa del contrabando. Es más, pensamos que se debería incorporar en la agenda de seguridad de fronteras roles específicos para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Cuarto, las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal y al contrabando tienen brazos armados propios o rentados. El trabajo de este componente, que es de data reciente, empieza desde el ingreso mismo del producto al Perú y acompaña a las “ciudades nodo” que son, principalmente, Arequipa, Cusco e Ica. Siguen con protección armada en los almacenes y el comercio minorista ubicados en Lima. Hemos registrado casos de explotación laboral, trabajos forzosos, extorsiones y cobro de cupos por uso de espacios públicos.
Lamentablemente, Bolivia está caminando en la cornisa y en cualquier momento podría caer en una peligrosa anomia social. Esta situación va a generar un crecimiento exponencial del crimen de toda índole. Recordemos que una de las estructuras criminales más poderosas de Brasil (el Primer Comando Capital) ya opera en el sur del Perú, por ahora interesado en la cocaína y en el oro, pero sabemos que también controla el muy lucrativo negocio del tráfico ilegal de cigarrillos desde Paraguay.