El domingo 17 de octubre, el presidente de la República autorizó los cambios de viceministros en el Ministerio del Interior. Esta es, quizá, la más clara señal que da el presidente Castillo con relación al interés que le generan las distintas voces en contra de la continuidad del ministro del Interior. Pareciera que su interés es igual a cero.
Para que no queden dudas de su decisión, nombró en el viceministerio de Orden Interno a un general retirado, compañero de promoción de la policía de investigaciones del ministro Luis Barranzuela. A la, hasta ese día, viceministra de Orden Interno, la trasladó al viceministerio de Seguridad Pública, como si se tratase de especialidades intercambiables.
El recientemente nombrado viceministro de Orden Interno fue un general en actividad de la policía nacional, que fue invitado al retiro en el 2016. Durante la gestión del ministro Pérez Guadalupe, había sido relevado como jefe policial de la región Áncash tras detectarse el robo de combustible que debía abastecer a las unidades policiales de la región. Fue reincorporado durante la gestión del ministro Morán y vuelto a pasar al retiro por renovación de cuadros a fines del 2019.
Del viceministerio de Orden Interno dependen las direcciones generales de inteligencia, criminalidad organizada, autoridades políticas y orden público. Nada menos.
Sobre la deficiente idoneidad del perfil profesional del ministro, sus eventuales conflictos de intereses, su permisiva postura hacia la erradicación de cultivos de hoja de coca –que mayoritariamente van al narcotráfico–, ya se ha dicho bastante. También los medios de comunicación han informado sobre sus primeras visitas: investigados por terrorismo o apología del terrorismo, por lavado de activos, por el escuadrón de la muerte, entre otros. Ya conocemos sobre sus antiguos clientes y sobre sus vínculos con traficantes de armas y la red Orellana. Estamos todos notificados.
Pero nada de esto parece preocuparle al presidente. Todo parece indicar que prioriza su propio ajedrez político a la insostenible permanencia del ministro Barranzuela en la cartera del Interior. Tampoco parecen importarle las trabas que dicha decisión le acarreará a la primera ministra al momento de solicitar la confianza. Es lógico, entonces, preguntarnos por las profundas motivaciones del presidente Castillo, que lo llevan a desdeñar los datos y evidencias que motivan el relevo del ministro del Interior. Hay, evidentemente, un interés superior que lo lleva a poner en segundo plano el conflicto ministerial.
¿Se trata de una cortina de humo que permite que su ministro de Educación pase “agachado”? ¿Apunta a “forzar las contradicciones” al interior de Perú Libre? ¿Busca hacerse de una bancada propia, a la vez que rompe el ala cerronista, trayendo a sus fueros a Bermejo y allegados? ¿O tal vez existen otras motivaciones menos políticas y más terrenales relacionadas a manejar información que pueda serle de utilidad en el futuro, con respecto a la investigación sobre Los Dinámicos del Centro y un eventual alcance de la investigación a su entono cercano y/o a su campaña política?
Menuda tarea de control político la que le corresponde al Congreso de la República mientras la premier Mirtha Vásquez se prepara para hacerle frente a la investidura. ¿Actuará la primera ministra en consecuencia con los intereses del país o respaldará también los cuestionados nombramientos?