A raíz del trágico y repudiable asesinato de los líderes asháninkas, en la región Ucayali, a manos de taladores ilegales, este tema tan antiguo como complejo ha atrapado con justa razón la atención nacional e internacional. Sin embargo, esta tragedia es solo un síntoma de un mal mayor que sobrepasa al comercio ilegal de madera. En esta oportunidad fueron taladores ilegales, pero mañana podrían ser narcotraficantes, mineros ilegales o la imposibilidad de recibir atención médica, lo que acabe con la vida de otro compatriota.
Por ello, esperamos que el nombramiento del alto comisionado para la lucha contra la tala ilegal no sea simplemente una sobrerreacción de parte del Gobierno, sino que, por el contrario, sea la manifestación de madurez y compromiso del Estado, ya que este tema solo se puede abordar desde la visión de una política de Estado que trascienda a gobiernos particulares.
Recordemos que durante el gobierno de Alejandro Toledo se promulgó el Decreto Supremo 019-2004-AG, que creó una estrategia y comisión nacional multisectorial de lucha contra la tala ilegal, formada por múltiples instituciones y ministerios. Adicionalmente, durante el segundo gobierno de Alan García, se modificó el artículo 310 del Código Penal para endurecer las penas contra la tala ilegal buscando condenas con prisión efectiva.
Esperemos que el alto comisionado desarrolle su trabajo sobre lo ya avanzado e incorpore a su labor las lecciones aprendidas en años pasados que, como es evidente, nos indican que hay mucho por hacer y rectificar.
Probablemente la razón de los pocos éxitos obtenidos radica en el enfoque de esta problemática, que pareciera circunscribir todo el problema de la Amazonía a la tala ilegal de madera y su comercio asociado y no entender sus múltiples manifestaciones y causas. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía del Perú, un inmenso espacio (61% del territorio nacional) tan agreste como aislado, la tala ilegal representa todas las actividades ilícitas que cortan la cobertura boscosa, sea para el tráfico de madera o no. Estas acciones, en algunos casos, causan deforestación total del bosque, como la minería ilegal, los cultivos ilegales de la hoja de coca para la elaboración de cocaína o la tala y quema de los bosques para el cambio de uso del suelo (para una agricultura de sobrevivencia e insostenible). Este fenómeno ha sido en parte provocado por poblaciones migrantes en extrema pobreza y ha sido la causa principal de la pérdida de aproximadamente 8 millones de hectáreas de nuestro bosque amazónico.
Otro fenómeno que contribuye significativamente a la tala ilegal y deforestación son las malas políticas nacionales, la falta de ordenamiento territorial y la deficiente gobernanza local, que es presa fácil de la corrupción. Por ejemplo, el programa de titulación de predios agrícolas en áreas invadidas de bosque actúa como un incentivo perverso que premia la quema del bosque.
El enfoque positivo a esta problemática debería entonces partir de la formación de una comisión nacional multisectorial cuyo objetivo sea favorecer la tala legal. Esto se logrará a través del impulso de una industria forestal que permita poner en valor nuestra inmensa riqueza forestal y genere puestos de trabajo formales, que son la mejor forma de luchar contra la pobreza y la ilegalidad, mientras seguimos combatiendo la tala ilegal.