Mientras muchos esperan enero para disfrutar del calor, quienes sufren de alguna enfermedad y se atienden en nuestro sistema público de salud saben que enero es un mes frío. “Diciembre es el momento del año en que se empieza a sentir la escasez de medicamentos. En enero ya no hay…”, me cuenta la presidenta de una asociación que representa a niños y adolescentes con diabetes.
Si analizamos los decretos legislativos, los temas que ha priorizado el Ministerio de Salud (Minsa) y los debates en los que ha participado últimamente la ministra, el problema del acceso a medicamentos no aparece por ninguna parte.
No tratar este problema resulta grave cuando, según el último estudio de Contribuyentes por Respeto (CpR) sobre este tema, en el Perú las familias de menores ingresos gastan en términos relativos 60% más en salud que las de mayores ingresos, y cuando el 55% de los pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) de Lima y Callao tuvieron algún problema para acceder a los medicamentos recetados por sus doctores, según la encuesta Ensusalud del INEI.
El mismo estudio de CpR abordó el tema desde un ángulo distinto. La idea era contrastar la común percepción de que el origen del problema está en las mafias o en la falta de recursos.
¿Cuáles fueron los hallazgos? El Minsa y Essalud concentran el 96% de la compra nacional de medicamentos. Para realizar estas compras, uno asumiría que cuentan con cierta información básica: cuántos pacientes padecen cada enfermedad atendida, cuánto cuesta anualmente el tratamiento por persona o cuántos medicamentos existen en sus almacenes.
Pues no. Ninguna de las entidades tiene una base de datos actualizada con la cantidad de pacientes por tipo de enfermedad, tampoco un sistema adecuado para manejar sus almacenes y, por supuesto, no saben cuánto les cuesta atender a cada persona. Esto hace que el cálculo de la demanda que realiza el Estado sea un número mal construido. Tarde o temprano se acaban los medicamentos y, a partir del segundo semestre, se recurre a compras urgentes, más pequeñas y usualmente más costosas, que representan en promedio el 45% y el 7% de las que Essalud y el Minsa realizan al año, respectivamente.
En estas compras, menores a 5 millones de soles, el Estado pierde capacidad de negociación frente a los laboratorios y paga un monto superior en 11% respecto a los precios referenciales. Mientras que en las compras corporativas (superiores a los 50 millones de soles), por el contrario, el descuento promedio es del 15%.
El análisis tomó en cuenta el testimonio de más de veinte líderes de ocho asociaciones de pacientes. ¿Saben qué significado tienen estos datos para un paciente con VIH o uno con cáncer? Muy fácil. Si Essalud y el Minsa compraran todos los medicamentos a través de “compras corporativas”, ahorrarían casi 39 millones y 18 millones de soles, respectivamente. Con este dinero, cada entidad podría haber adquirido 2’046.047 y 934.257 unidades de Atazanavir de 300 mg (medicamento usado en niños y adultos que reduce la cantidad de VIH en la sangre) y el INEN, por su parte, 106.005 unidades de Rituximab de 100 mg (medicina usada para tratar a pacientes con cáncer y artritis reumatoide).
Aunque muchos creemos que la raíz de este problema está en las mafias o la falta de recursos, estas son solo consecuencias de una precaria y negligente gestión.
Si queremos que el mes de enero deje de ser invernal para millones de compatriotas, se requiere reformar el sistema estatal de compra de medicamentos. Para empezar, este gobierno podría transparentar cómo se calcula la demanda anual de fármacos y permitir que la ciudadanía participe en el proceso de selección e inclusión de medicinas en el petitorio nacional (Pnume). Ojalá que estas iniciativas no terminen siendo simplemente sueños de una fría noche de verano.