En los próximos días, el gobierno del presidente Martín Vizcarra, en connivencia con sus aliados de la fiscalía, desarrollará un nuevo ataque contra sus adversarios políticos. Tanto el interrogatorio del fiscal José Pérez a Vladimiro Montesinos como la siguiente ronda de preguntas a Jorge Barata, donde los fiscales indagarán por el aporte a las campañas de políticos y congresistas, serán usados con ese propósito.
Interrogar a Montesinos sobre los negocios de Odebrecht en las postrimerías del gobierno de Alberto Fujimori, hace veinte años, o sobre la campaña electoral del 2011, cuando Montesinos llevaba una década preso en una cárcel de máxima seguridad, tiene una obvia finalidad política: usar lo que pueda decir contra Keiko Fujimori, cuyo caso será visto muy pronto por el Tribunal Constitucional (TC). Montesinos es un mentiroso compulsivo, puede decir cualquier cosa según su interés. Es decir, dependerá de lo que le pueda ofrecer a cambio Pérez.
Si Montesinos dice algo negativo contra Fujimori, eso se filtrará instantáneamente a los medios de la coalición vizcarrista y será un elemento de presión sobre el TC. Aunque ese organismo no se deje intimidar por la campaña, las declaraciones del hombre fuerte de la década de 1990 –si hace lo que Pérez quiere que haga– servirán para machacar la imagen de Keiko como corrupta.
Claramente se trata de un intento político de mantener en la cárcel a la lideresa de la oposición, dado que los argumentos legales son manifiestamente deleznables.
Las declaraciones de Barata, admitiendo aportes a las campañas de congresistas y revelando algunos nombres, serán utilizadas por el presidente Vizcarra en su ofensiva terminal contra la mayoría del Congreso, que seguramente seguirá negándose a aprobar el adelanto de elecciones.
A partir de ese momento se abre un abanico de posibilidades que van desde la cuestión de confianza hasta un nuevo gabinete de confrontación. No hay que subestimar la imaginación de Vizcarra y su círculo íntimo que han demostrado una enorme inventiva para idear iniciativas populistas y demagógicas que golpean a sus adversarios, ostentando una capacidad inversamente proporcional a la que ha exhibido para hacer un buen gobierno.
La tozudez de la oposición está reforzada por las últimas encuestas que muestran un descenso de la popularidad de Vizcarra y del respaldo al adelanto de elecciones. Los escenarios que imaginan son llegar al 2021 con un presidente mortecino, exangüe, al que vapulearán a su gusto. O una eventual vacancia antes de julio del 2020 –después ya no es posible– y su reemplazo por Mercedes Araoz. Porque de otra manera no se explica cómo se empeñan en mantener en el poder a un gobernante –que ellos pusieron en ese cargo, no hay que olvidarlo– reconocido como inepto y que ha propuesto acortar su mandato.
Ambas posibilidades son peores que el adelanto de elecciones. Araoz, sin partido, ni bancada, ni popularidad, sería sometida a un asedio implacable por los revoltosos de todas las tendencias, y se produciría una situación inmanejable. Y una prolongación de Vizcarra en el Gobierno, recurriendo a nuevas y peores iniciativas populistas para enfrentar al Congreso y mantener su aprobación –descartando una mejora en la gestión–, sería catastrófica.
Pero al parecer marchamos directamente al despeñadero, con el entusiasmo irresponsable de todos los bandos.
Otrosí digo. El hortelano Carlos Morán ni mejora la seguridad ni deja que otros la mejoren. El Ministerio del Interior ha enviado una comunicación al Congreso en la que se opone al proyecto de ley de Jorge del Castillo para eximir de responsabilidad penal a los ciudadanos que usen un arma en defensa propia (doctrina del castillo). Con una perogrullada digna de su incompetencia, dice que el proyecto está “fuera del marco legal vigente”. Obviamente es así, porque lo que se quiere cambiar con esa ley es precisamente el obsoleto marco legal que posibilita que el sistema judicial sancione a los ciudadanos que defienden su integridad y la de su familia, favoreciendo a los delincuentes.
Igualmente, el Gobierno se ha negado a promulgar otros proyectos ya aprobados por el Congreso para defender a los policías que hagan uso de sus armas contra los delincuentes y sobre la ciberseguridad. Un ministro nefasto de un gobierno funesto.