El primer álbum de fútbol que coleccioné fue el del Mundial de Estados Unidos 94. Tenía en la portada a Raí (que no destacó) y la figurita difícil de encontrar era la de Gullit (que ni siquiera fue al Mundial).
Varios años después, aprendería que ese no era el álbum oficial, y que los álbumes de Navarrete no tenían licencia (derechos de imagen) y eran sancionados por competencia desleal en el Indecopi torneo tras torneo, Mundial tras Mundial.
A medida que crecieron las multas del Indecopi, se redujo la exposición de los álbumes informales, que aún existen intentando pasar bajo el rádar, pero con menor presencia. Una de las pocas historias en las que una entidad pública se preocupó no por asfixiar al formal, sino por hacer cumplir la ley al informal.
Me acordé de esto a raíz del entusiasmo que ha generado el lanzamiento del nuevo álbum mundialista de Panini –el primero en el que muchos como yo pegaremos al fin cromos de la Blanquirroja–, y no pude evitar trazar un paralelo con casos recientes de intervenciones estatales. No para perseguir a los informales, ni para propiciar la expansión del negocio formal, sino para sofocarlo.
La semana pasada, el Osiptel aprobó un reglamento que prohíbe a las empresas de televisión de paga (cable y satelital) cobrar por los decodificadores un monto separado del servicio. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Para el Osiptel, el ‘deco’ es parte del servicio de TV cable, y genera confusión y malestar para los usuarios que se cobre por separado (esto último no lo ha demostrado). Entonces, ¿las empresas ya no pueden cobrar a los usuarios por el costo de los decodificadores? Sí pueden, solo que no como un cobro separado, pero pueden incorporarlo en la tarifa de instalación o en la tarifa del servicio. Tarifas que son libres, sujetas a competencia, no a regulación. ¿O sea que el precio final podría ser el mismo? Sí. Al final de cuentas, se trataría solo de un cambio de nombre. Es una regulación de nula utilidad (o efecto negativo, si consideramos que también limita el financiamiento de equipos y tarifas de instalación a solo seis meses, lo que puede afectar a los usuarios de menos recursos y generar aun más informalidad).
Sin embargo, ya se generó una falsa expectativa en los consumidores. Me cuentan que en los call centers de las empresas operadoras y del mismo Osiptel abundan las llamadas de personas preguntando cuándo les dejan de cobrar los decodificadores y cuándo bajarán las tarifas. Un diario deportivo (¿?) anunciaba que “ahora los ‘decos’ tendrán costo cero” y que “se podrá disfrutar de los canales deportivos en todos los televisores de la casa sin necesidad de hacer un pago extra”(¿¿??). La congresista Luciana León, por su parte, anuncia que vigilará y denunciará a las empresas que suban sus tarifas (¡¿¿¿???!).
¿Y las conexiones informales de cable que abarcan entre el 40% y 50% del mercado? Ahí, bien, gracias.
El Osiptel se ha metido en un embrollo gratuitamente para “resolver” un problema que no existía. Similar al barullo ocasionado por la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi y el caso de la canchita, decidiendo por los cines cómo debe ser su negocio y creando una falsa expectativa y conflictos innecesarios entre salas de cine y consumidores.
Solo les pido a congresistas y burócratas que si tienen tiempo libre y ganas de protagonismo, se lo dediquen a la informalidad. No necesito que me digan cómo tiene que ser mi álbum ni dónde comprar las figuritas.