El gobierno cree que este año la economía crecerá más del tres por ciento. Sería un milagro. El Perú es incapaz de gestionar una inversión de 600 millones de dólares. ¿Cómo podrá captar las masivas inversiones que se requiere para crecer?El proyecto del aeropuerto de Chinchero da las claves. El Estado Peruano se ha enredado en sí mismo y por sí mismo. Sus instituciones solo han servido para obstruir lo que debió correr ligero y fluido.El Estado licitó la obra. El Estado diseñó el contrato. Un contrato en el que no se fijaron límites a las tasas de interés.
El nuevo gobierno detectó el grave error del anterior. Si no se fijaban límites a las tasas de interés, el costo financiero para el Estado sería exorbitante.¿Quién había puesto esta trampa al Estado Peruano? Pues, ¡el propio Estado Peruano!El nuevo gobierno hizo una adenda para evitar el horroroso costo financiero. “Mejor pago todo cash y adelantado, y así me deshago del problema de las tasas sin límites”. Este fue el enfoque para la adenda al contrato.
Para varios representantes del Congreso esta fórmula es lesiva a los intereses del Estado. Para el ex presidente Humala, cuyo gobierno diseñó el contrato sin límites de tasas, “el Estado se ha puesto de rodillas ante Kuntur Wasi” (la empresa concesionaria).Acompañan a Humala en la crítica varios congresistas. Víctor Andrés García Belaunde, por ejemplo, dice sobre la adenda que “acá ha habido choreo, es evidente”. No aporta prueba sobre robo, inconducta o beneficios personales o empresariales, pero dice que “es evidente”.El congresista fujimorista Daniel Salaverry, por su lado, recomienda al ministro Vizcarra, interpelado, presentar su renuncia. “Antes de que se someta a la censura”, adelanta. Héctor Becerril alude a un lobby de Fernando Zavala, el presidente del Consejo de Ministros, nuevamente sin información específica sobre ese supuesto.
Ningún congresista pudo sustentar una fórmula financiera alternativa para evitar el oneroso costo de las tasas sin límites que dejó el gobierno de Humala. Ningún congresista pudo retrucar a las respuestas que dio Vizcarra sobre la famosa adenda.Daniel Salaverry (FP) dijo que esperarán un informe de la contraloría sobre la adenda para decidir si censuran o no al ministro. La contraloría se convierte, así, no solo en un órgano técnico de control, sino en una entidad de decisión política.El congresista Salaverry anticipa que su partido no tomará su decisión por propio criterio, sino que será un vocero de la contraloría. La contraloría, por su parte, solo puede decir que ha habido un daño a las finanzas públicas. No puede decir, en cambio, que ese daño lo haya causado la empresa concesionaria o el actual gobierno.
Para el país el problema es cómo facilitamos la inversión de manera confiable y jurídicamente segura. Las grandes inversiones, las que el Perú necesita, son de miles de millones, no solo de cientos de millones. Pero, ¿cómo podríamos convocar a ese tipo de inversión si no sabemos ni hacer contratos para concesiones más bien medianas?
¿A quién podríamos recomendar traer 1 o 2 mil millones de dólares para invertir en un país que no tiene instituciones sólidas? El Congreso no entiende de inversiones o finanzas. Pro Inversión no sabe hacer contratos, funcionarios de Ositrán aprueban y desaprueban lo mismo en poco tiempo, la contraloría establece la línea política del Parlamento y el Estado carece de una política en relación a la inversión.El aeropuerto de Chinchero será el emblema de lo que pase de aquí en adelante. Los políticos ya han hecho daño suficiente en relación a la imagen del Perú como plaza de inversiones. Falta saber si vamos por el golpe de gracia o por una reacción que permita rehacer, poco a poco, todo lo que estuvo mal hecho.
No hay crecimiento sin inversión. La inversión viene por la confianza que sostienen las instituciones. Si estas quedan en manos de inaptos, no hay esperanza.