Los encuentros nada transparentes de José Jerí con un empresario chino proveedor del Estado revelan lo que este columnista viene advirtiendo hace veinte años: los graves vacíos legales y constitucionales que en la práctica relajan las funciones presidenciales y las tornan propensas al delito.
Me atrevo a pensar que la clase política no está precisamente interesada en corregir estos vacíos. Pareciera convenirle la casi permanente vulnerabilidad presidencial a una vacancia, que es cuestión de votos y nada más, en lugar de la aplicación de un juicio constitucional, siempre más difícil y complicado. Esa vulnerabilidad crea y recrea ambiciones de sucesión presidencial automática que premian al negociado oportunismo político del momento.
¡Quién de los que aspiran al poder no quisiera jugarse la suerte vicepresidencial de acceder a la presidencia vía el diabólico mecanismo de una vacancia bajo los hechizos de un Congreso que enfrenta al unísono la pesadilla de la disolución!
Más allá de cuán honesto e idóneo resulte un mandatario y por lo mismo digno de confianza, o cuán inepto y venal termine siendo y por lo mismo capaz de terminar en la cárcel, lo cierto es que el cargo presidencial encierra algunas fallas garrafales que lo han convertido en un reducto casi monárquico, sin controles ni protocolos de rigor, al punto que quien lo posee puede hacer lo que le viene en gana.
Tres siglos atrás, en la Colonia, el virrey de turno estaba obligado a reportar al rey de España. Recorridos 25 años del siglo XXI, un presidente en el Perú no está obligado a reportar a nadie. El reporte de pedido de confianza al Congreso por el presidente del Consejo de Ministros involucra al Gabinete Ministerial y no al presidente. Más bien, deja la duda de cuál es el papel del mal llamado “primer ministro” en un sistema presidencialista, en el que la jefatura del Estado está casi todo el tiempo acéfala.
José Jerí, aunque provisional, es el presidente de la República. Lo hemos visto en muchos actos intentando ejercer la jefatura del Estado. Y por supuesto demostrando en el día a día ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y policiales. Pero es la función mayor, la “personificación de la nación” (que envuelve a todas las demás), la que ahora le aprieta el zapato y los puños, la moral y la conciencia, la confianza pública y la fragilidad de su mea culpa.
¿Cómo apartar al presidente de los negocios con el Estado y cómo apartar al Estado de los negocios en los que entra o desea entrar oscuramente un presidente?
Hagamos que quien en adelante “personifique a la nación” como presidente lo haga constitucionalmente con estas adicionales seis palabras: “Bajo los estrictos controles y protocolos que establece la ley”. Así tendríamos recién el cerrojo adecuado, en lugar de no tener hasta hoy ninguno válido.
Por último, ciudadanos, partidos, gobierno, Estado y país, vamos perdiendo a presidentes, jueces, fiscales y congresistas que debieran defendernos. Lo triste es que ahora somos todos nosotros los que tenemos que defendernos de todos ellos.
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