El Congreso ha empezado el año a la defensiva. Ello, en gran medida, por la atención que ha suscitado la presunta red de prostitución que se habría forjado en su interior. Se trata, obviamente, de un caso no menor, sobre todo si se considera que hay una muerte por esclarecer.
Si bien, como reseña César Campos (“Expreso”, 4/1/2024), la denuncia tiene varios flancos, el escándalo ha escalado tanto que, por primera vez, ha puesto al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, a la defensiva.
Una consecuencia inevitable es que el Parlamento aparece, de pronto, apocado. El poder que parecía ser el mandamás en esta dinámica de “nos quedamos todos” –que se instaló hace poco más de dos años– termina descolocado, sin reacción institucional para exigir el esclarecimiento de la muerte de Nilo Burga, involucrado en el escándalo de Qali Warma, otro de los temas oscuros de las últimas semanas.
Peor aún, se ha extrañado una respuesta decidida del Parlamento sobre la ley de la detención preliminar. Como se recuerda, el Congreso actuó aceleradamente en la corrección de dicha norma y aprobó una ley por amplia mayoría el 14 de diciembre. No obstante, el Ejecutivo ha optado por tomarse las cosas con calma y todo indica que esperará el plazo límite para manifestarse.
Es más, el ministro del Interior Juan José Santiváñez, en entrevista con Omar Mariluz, ha insinuado que la norma sería observada parcialmente (Canal N, 5/1/2024). Habrá que ver cómo reacciona el Congreso a esto, preocupado como está en otros temas.
Como telón de fondo, la débil democracia peruana se hace aún más precaria por la carencia de una oposición real que corrija o alinee al Ejecutivo de turno. En otras circunstancias, dicho rol lo jugaba el Parlamento. De hecho, esta misma representación cumplió un papel importante en la contención al gobierno de Pedro Castillo.
Pero, desde diciembre del 2022, la contención dio paso a la complicidad. Con la justificación de la gobernabilidad, se ha apañado o se ha sido parte de severos estropicios. Y aunque ha habido gestos aislados de alejamiento, la alianza real no se ha alterado.
Con el plazo para convocar los comicios a la vuelta de la esquina, en abril próximo, se incrementa también la vulnerabilidad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Al final de cuentas, ¿para qué se le necesitaría, sobre todo, con los tremendos pasivos que implica asumir su legado?
Pero, con el Congreso enfrentando sus propios problemas, esta situación podría reconfigurarse. Así, con dos poderes impopulares y erráticos, el país se dirige a aquella confusa aspiración de Boluarte dirigida a las encuestadoras, aunque con otros protagonistas: Ejecutivo y Legislativo parecen estar empatados a cero.