En las últimas semanas diversas denuncias de la prensa están poniendo en agenda de debate la manera en que los partidos políticos seleccionan y luego controlan a sus representantes en el Congreso. Inconductas, por decir lo menos, de los parlamentarios tienen como respuesta de voceros partidarios o de voceros de bancadas el reconocimiento de tener débiles mecanismos de selección de candidatos y luego escaso control sobre su comportamiento una vez elegidos. Además, los representantes electos a los que les puede resultar incómoda la disciplina partidaria tienen siempre abierta la opción de la renuncia y la formación de nuevos grupos parlamentarios.
En realidad, sabemos que ningún partido cuenta con una base territorial de afiliados lo suficientemente sólida como para armar listas con militantes confiables, con una mínima trayectoria en cada una de las regiones. En la medida en que sean partidos con una mínima recordación y capaces de movilizar recursos, resultan capaces de atraer a candidaturas que en realidad constituyen emprendimientos individuales con los que negocian las condiciones de postulación.
Estos emprendedores están rodeados de pequeños entornos a los que luego se les debe algún tipo de retribución. Este se traduce luego en el manoseo del personal asignado al apoyo parlamentario. Es más, sabemos que varios de los partidos con inscripción funcionan abiertamente como vientres de alquiler y estos, más bien, están a la caza de aspirantes a políticos que terminan siendo elegidos debido a golpes de suerte que pueden tener gracias al arrastre de candidaturas presidenciales o de alguna figura regional fuerte.
Estos partidos buscan mantener vivo el registro, un recurso útil para todos aquellos políticos que no logran inscribir un partido propio o negociar buenas posiciones en las agrupaciones ya existentes y con mayor recordación. Teniendo además una votación basada en el voto preferencial, los candidatos compiten individualmente entre partidos y entre candidatos del mismo partido, dejando muy atrás cualquier posibilidad de defender un programa de gobierno o alguna agenda parlamentaria partidaria.
Así las cosas, no son sorprendentes los problemas de inconductas en los representantes elegidos. A esto se suma el hecho de que las reglas que rigen el funcionamiento del Parlamento son bastante laxas con las conductas individualistas. El apoyo parlamentario está pensado para atender sobre todo a representantes individuales, no tanto a bancadas o a la representación regional.
Además, si a pesar de la laxitud de los grupos parlamentarios algún representante decide renunciar, puede terminar formando otro grupo parlamentario, lo que constituye un grave atentado contra la voluntad popular expresada en las elecciones.
A esto hay que sumar que el deterioro de los partidos ha llegado a un extremo tal que estos ya prácticamente no cuentan con líderes de bancada capaces de imponer un mínimo de compromiso o disciplina, y tampoco de sostener un vínculo con los partidos que supuestamente representan. Fuerza Popular parece ahora ser una excepción a esta regla general, pero su mayor cohesión no responde tampoco a una plataforma programática claramente discernible.
Es sobre la base de estas evidencias que algunos consideramos que cualquier reforma de la representación política implicaría abrir a la participación de todos los ciudadanos el proceso de selección de candidatos de los partidos mediante primarias abiertas (aprobadas, pero hasta el momento no puestas en práctica), alrededor de partidos con plataformas políticas claras con resultados vinculantes que luego permitan sacar de la competencia a los partidos incapaces de obtener una mínima representación y que después permitan eliminar el voto preferencial. Esto hará que los partidos compitan en torno de agendas parlamentarias y no alrededor de desaforadas promesas individuales.
Lo referido debería complementarse con cambios en el Reglamento del Congreso que fortalezcan cuadros profesionales que asesoren comisiones, representación regional y grupos parlamentarios. De esta forma se podrá limitar la acción individualista y el transfuguismo. Ayudaría también que los candidatos presidenciales puedan postular al Legislativo para vincular las agendas partidarias y de gobierno nacional con las agendas parlamentarias.
Ojalá que de estos escándalos recientes puedan emerger salidas de fondo y no solo aparentes.